Contundente y lapidario, así es el criterio de los especialistas actuariales del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) con respecto al proyecto de consenso pactado entre los gremios del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia y que se presentó ante el Plenario por el diputado Jorge Arguedas como un dictamen de minoría, en relación con la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial.
En la respuesta que la UCR envía al Congreso por el proceso de consulta de ambos proyectos (el de mayoría lo apoya el resto de fracciones) se concluye que de aprobarse las condiciones que establece el proyecto de minoría (que apoya el Frente Amplio, la Corte y los gremios) se generaría un déficit actuarial a futuro ¢3 millones de millones en el régimen de pensiones del Poder Judicial.
“Los análisis conducidos por el IICE revelan que la propuesta que surge del dictamen de minoría no pasa una prueba rigurosa de solvencia actuarial… si el aporte obrero se mantiene en un 11% y bajo las demás condiciones, el déficit actuarial sería mayor a 3 millones de millones de colones y la insolvencia actuarial sería superior al 30% de las promesas”, indica el informe.
Los actuarios de la UCR también vertieron su criterio en cuanto al proyecto de mayoría. En este caso señalan que en lugar de establecer un aporte obrero escalonado entre el 11% al 15% como quieren los diputados, un escenario adecuado sería un aporte fijo del 13% (para funcionarios activos, jubilados y pensionados) y que se complemente con un pago de pensión sobre el 82% y con un salario de referencia de los últimos 240 meses (10 años).
El dictamen de mayoría establece un cálculo del 85% de la pensión, pero con los últimos 120 salarios.
En el caso del dictamen de minoría, el aporte obrero se mantiene en 11%, con la posibilidad de subirlo al 15%, si la Junta Administrativa del fondo lo indica, aunque el informe de la UCR subraya que no se indica en qué condiciones se daría ese aumento.
Los gremios y la Corte también proponen un 85% para el cálculo de la pensión y con los 240 salarios, pero la UCR es clara al indicar que “aún con un aporte del 15% sobre salarios, jubilaciones y pensiones, el fondo resulta insolvente si se mantiene un beneficio del 85 del salario de referencia”.
Otro aspecto donde la UCR no congenia con el proyecto de los gremios y la Corte es en la edad de jubilación. Estos insisten en llevarla a los 60 años para las mujeres y 62 para los hombres. Los actuarios del IICE no recomiendan hacer distinciones en materia de género e insisten en la edad de retiro a los 65 años por igual.
TRANSITORIO
Sobre el transitorio de 10 años que se reconocen como derecho adquirido como prórroga para que una parte de los funcionarios actuales puedan beneficiarse con las condiciones actuales, que impulsa la Corte y los gremios, la UCR tampoco cree que sea conveniente, incluso recomienda no aplicar la prórroga de los 5 años posteriores a los 18 meses de vigencia de la ley, como propone el dictamen de mayoría.
“Un transitorio superior a los 18 meses afecta negativamente la solvencia actuarial del fondo”, indica el informe del IICE.
El otro tema es en la conformación de la junta administradora del fondo, donde los gremios insisten que no quieren que existan miembros foráneos al Poder Judicial en ella, y que tampoco se les recargue en sus aportes la administración de la misma.
La UCR no opina sobre este tema, ya que sus aportes son meramente técnicos. La opinión de la mayoría de los diputados es que debe existir una supervisión externa con una junta que tenga como mínimo tres miembros nombrados bajo el criterio de la Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y además de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
PRÓRROGA
Las diputadas Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Natalia Díaz del Movimiento Libertario (ML), ambas miembros de la comisión que redactó el proyecto de mayoría, están en la disposición de cambiar vía mociones el proyecto conforme lo recomienda la UCR.
En este caso, establecer una cuota obrera fija del 13%, y con un cálculo de pensión del 82% con los últimos 240 salarios.
Este lunes, mediante el voto de 42 diputados se aprobó una prórroga de 8 días hábiles para el plazo de las consultas aún restantes.
Guerrero cree que con la prórroga se permitirá el espacio necesario para corregir el texto.
DIARIO EXTRA quiso conocer la posición de los gremios del Poder Judicial, pero mediante la oficina de prensa indicaron que de momento no se piensa referir.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Yostin Forbes
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Martes 22 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
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