Defensoría cuestiona eficiencia de Aresep en la fiscalización a Recope
Juan Antonio Rodríguez Carazo*
El pasado 20 de julio la Defensoría de los Habitantes emitió una Resolución mediante el Oficio Nº 08587-2017-DHR, a través de la cual “…se procede a declarar con lugar el recurso de reconsideración, presentado por el señor Juan Antonio Rodríguez Carazo…” relacionado con los recursos aportados por RECOPE a la Empresa Conjunta SORESCO y a la empresa AD-ASTRA ROCKET. Recursos que, según el análisis efectuado por mi persona, proceden de los ingresos que RECOPE recibe de la venta de los combustibles y por ende han sido aportados por los consumidores. Fondos que ascienden a la suma de al menos $ 54,2 millones.
El artículo 32 de la Ley 7593 –Ley Reguladora de los Servicios Públicos – indica los costos que no podrán ser considerados dentro de las fijaciones tarifarias, entre los cuales cabe destacar lo referente a: “Las erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del servicio público; y las contribuciones, los gastos, las inversiones y deudas incurridas por actividades ajenas a la administración, la operación o el mantenimiento de la actividad regulada.
Indica la Defensoría en su Resolución que: “Si la fiscalización a la que hace referencia el artículo 6 de la Ley de ARESEP es eficiente y efectiva cabe preguntarse, ¿cómo se explica que RECOPE acumulara cuantiosos recursos financieros en la partida de superávit libre, para luego destinarlos a financiar su inversión en SORESCO? ¿Por qué la ARESEP permitió a RECOPE utilizar recursos provenientes de la venta de combustibles para financiar la inversión en Ad-Astra Rocket Costa Rica? ¿Estaban contempladas ambas inversiones en el programa de inversiones reconocido por la ARESEP en las fijaciones tarifarias?
Y continúa diciendo: “…Considera esta Defensoría que si RECOPE no ejecuta o subejecuta partidas de gasto reconocidas en las fijaciones tarifarias, ¿por qué la ARESEP no ha ajustado los precios de los combustibles para devolver al usuario esos ingresos no gastados?
“…Asimismo, esta situación lleva a pensar que la misma ARESEP ha sido omisa al regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente a RECOPE, tal como le obliga la Ley 7593, permitiendo que RECOPE presupueste recursos que posteriormente no ejecuta y los destine a fines no autorizados por la misma Autoridad Reguladora.
En virtud de lo anterior, la Defensoría recomienda al señor Regulador de los Servicios Públicos, Dr. Roberto Jiménez Gómez, las siguientes disposiciones:
1. “Ordenar a la Dirección de Energía de la Autoridad Reguladora la realización de un estudio sobre el origen y uso de los recursos de la cuenta o partida de “superávit libre” de la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A., con la finalidad de que en la liquidación presupuestaria anual, en caso de que se presente un superávit libre, los fondos que constituyen el superávit libre sean devueltos a los usuarios de combustibles mediante una modificación de oficio de los precios de los combustibles.
2. “Instruir a la Dirección de Energía de la Autoridad Reguladora la realización de una investigación para determinar las eventuales responsabilidades civiles y penales de los funcionarios de ARESEP que permitieron la inversión de fondos públicos de RECOPE en las empresas SORESCO y Ad-Astra Rocket, los cuales no habían sido reconocidos en las fijaciones tarifarias, de manera que estos recursos puedan ser, eventualmente, devueltos por la ARESEP a los usuarios de los combustibles mediante una modificación de oficio de los precios internos de los combustibles.
3. “Ordenar a la Dirección de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos una revisión de las partidas contables no ejecutadas o subejecutadas por RECOPE durante el año 2016 y 2017, de manera que los fondos que no utiliza la empresa, según la finalidad para la que fueron aprobados por la Autoridad Reguladora, sean devueltos a los usuarios de los combustibles mediante una modificación de oficio de los precios de los combustibles.
En la corriente de la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Ingreso y Gasto Público en abril del presente año, cuyo propósito básicamente es el mismo que persigue la Resolución de la Defensoría antes comentada.
No sabemos a esta altura si el Directorio de la Asamblea lo pondrá a conocimiento del Plenario, dadas sus repercusiones políticas que ello implica especialmente para los partidos que han gobernado el país en las tres últimas administraciones.
Sería lamentable que el proyecto no pudiera ser analizado por el Plenario en lo que resta de esta administración, porque el trabajo de la Comisión que fue presidida por don Mario Redondo Poveda fue excelente. Y porque el conocimiento y la aprobación de este proyecto sería un instrumento de mayor peso para dilucidar lo referente a este vergonzoso asunto.
Entre las recomendaciones que emanan del proyecto de ley podemos rescatar:
3.2.7. “Definir con brevedad si los tomadores de decisiones y ejecutores involucrados en el proyecto de modernización y ampliación de la Refinería de RECOPE, a partir del año 2011 y hasta el presente –particularmente los integrantes de las Juntas Directivas de la entidad, los máximos jerarcas, los representantes de SORESCO y, en especial, quienes aceptaron el estudio de factibilidad en contra de lo establecido por la Contraloría General de la República–, tienen alguna responsabilidad penal y, en caso afirmativo, actuar en consecuencia y presentar las acusaciones que correspondan.
3.2.11. Determinar si… existe responsabilidad de funcionarios públicos por las decisiones y omisiones que generaron una lesión de, al menos, $50 millones a la Hacienda Pública.
3.2.14. Sancionar a RECOPE por el ocultamiento de la información relacionada con el origen de los recursos aportados a SORESCO…
3.2.15. Ordenar la apertura de investigaciones internas para determinar si existe responsabilidad de funcionarios por omitir la fiscalización adecuada a RECOPE en este proyecto.
Sigamos teniendo fe en el sistema político y jurídico de nuestro país. Creo que la decisión de la Defensoría de los Habitantes, emplazando a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el hecho de que la Comisión de Ingreso y Gasto Público haya dictaminado tan importante proyecto sobre el mismo tema de la planta de refinación, han sido dos pasos gigantescos sobre esta lucha que he venido dando desde agosto del 2011. Y esperemos que los malos manejos de los fondos públicos que se han producido sobre esta idea de construir una planta de refinación en asocio con China se lleguen a esclarecer en forma definitiva. Y al final de este larguísimo proceso se señale y castigue a los eventuales responsables de lesionar los recursos de la Nación.
*Economista
