Hoy los diputados inician la polémica discusión sobre el recorte a las pensiones del Poder Judicial. El frenteamplista Jorge Arguedas, quien defiende la propuesta de reforma elaborada por los gremios y la Corte, asegura que el informe que avaló la mayoría de congresistas responde a los criterios de la Superintendencia de Pensiones (Supen), un proyecto a su parecer “privatizador”.
También afirma que la legisladora liberacionista Sandra Piszk, quien aprueba dicho informe, “falta a la verdad”.
Arguedas, quien suma décadas de experiencia sindical, se aferra a defender la propuesta y conversó con DIARIO EXTRA sobre los matices en que se ejecutó la huelga de los empleados judiciales. En adelante un extracto de la conversación con este medio.
Usted respalda un informe de minoría. ¿Cuál fue su proceso de intervención en el fondo de jubilaciones del Poder Judicial?
-Se empezaron a dar cosas muy complejas. La Corte había contratado el estudio actuarial a la Universidad de Costa Rica (UCR), de un pronto a otro aparece la Supen, me invitan a actividades donde aparece (el superintendente) Álvaro Ramos, a quien le tengo un aprecio especial, un muchacho correcto, pero cuando veo las exposiciones que hace lo que va es hacia una privatización y un régimen individual. El sector político viene detrás de esos fondos del BCR, ICE, Recope... De un pronto a otro aparece el texto de la Supen, sin que estuvieran los estudios actuariales. Usted no puede hacer una ley sin los estudios actuariales, ese es el fundamento.
¿Qué pasó en ese momento?
-El día que se vota el texto de la Supen, ese día Liberación Nacional y Marcela Guerrero -quien ha sido insistente en la situación- se me acerca y me dice al oído que ellos estaban dispuestos a trabajar con el proyecto de los gremios, que era lo que se había acordado políticamente, y que no había problema. No es que me van a enterrar en cajita blanca, es que era lo más lógico porque había una paz social ahí, pero llega y en la misma sesión se vota el de la Supen solo con el voto en contra mío. Ahí sí ya entra una situación muy jodida porque se alían todos los diputados. El texto de la Supen es completamente privatizador. Yo acompaño, desde que entré dije que iba a trabajar con los gremios, la verdad vengo con los votos de los trabajadores y no iba a entregar eso, ya que había una posición muy fuerte de los gremios, pero muy responsable.
Los gremios deciden irse a huelga sin conocer los resultados finales de la UCR. ¿Se justificaba?
-Sí, porque se quebró el acuerdo político.
¿Entonces lo hicieron porque se dieron cuenta del impacto del estudio?
-No, no fue así. Fue porque se va al proyecto de la Supen sin que haya estudios actuariales, la Supen no produjo un estudio actuarial, es lo que la Supen pensó técnicamente. El dictamen de minoría los gremios lo trabajaron, yo me aparté y les propuse que ese fuera el informe de minoría.
¿Cuál fue su asesoramiento en el proceso de huelga?
-El acompañamiento era ir a hablar con los trabajadores, porque todos los días ocurrían cosas, y explicarles lo que ocurría. La huelga la manejaron autónomamente. En la cuestión de la entrega de muertos sí, en un momento ese mismo día los patólogos dijeron que iban a entregarlos a las 9 de la noche. Hablé con una doctora, pero ellos necesitaban un equipo, fue cuando ya salió lo otro (el mensaje del magistrado Celso Gamboa). Eso es un manejo del poder. Lo que el jefe del OIJ hizo era lo que había que hacer, pedir una ayuda al Ministerio de Seguridad Pública para proteger el trabajo que estaban haciendo los patólogos. Lo que pasa es que eso se politizó.
¿Cuáles son los puntos esenciales por los que defiende el informe de minoría?
-El informe de mayoría se aparta del informe de la UCR. Si usted revisa la situación, Sandra Piszk faltó a la verdad y los 240 salarios con que se pensiona en ningún momento se dice en el informe de la UCR. Los 120 salarios sí lo dice en los tres escenarios la UCR. El de minoría primero es un texto consensuado, políticamente viable, se rompe el tope de las pensiones, se eliminan las pensiones de lujo, el tope va a ser los ¢4 millones, 10 veces el salario base. Se combate el modelo neoliberal que tiende a privatizarlo. La Corte viene trabajando con casi un 6% de rentabilidad real, esa parte no se toma en cuenta, entonces decimos todos estos fondos normalmente les prohíben invertir, solo en bonos del Estado, que son al 2% anual. Eso es nada, pero es mucho dinero, por eso la banca privada anda detrás de esos fondos. Decimos en lugar de estar comprándole bonos del Estado, présteselos a los trabajadores, les da mayor calidad de vida para vivienda, para automóvil, para pago de deuda, y además construya obra. La Corte tiene más de 8 mil metros cuadrados de déficit de obra civil, eso es pasar la plata de una bolsa para otra, una plata segura, y no invertir en el mercado internacional, que fue lo que quebró las pensiones chilenas.
Respecto a la administración de los fondos, ¿por qué impiden que la Supen participe?
-No es cierto. Todos los fondos que existen, el del ICE por ejemplo, son supervisados por la Supen, pero supervisados, no puede estar en la gestión. Imagínese que la Supen no le ha cobrado el canon a la Corte. ¿Quién tomó esa decisión? Álvaro Ramos, de una forma irresponsable. Proponemos lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), juntas directivas bipartitas y paritarias, donde haya representación de los trabajadores y del patrono, que son los dueños. Además donde haya equidad de género, tanto en la junta directiva como en las pensiones. Una mujer no está en las mismas condiciones para pensionarse igual a la edad de un hombre, eso está más que demostrado. ¿De quién es el fondo? De los trabajadores y de la institución. Las superintendencias son las que llevan a la debacle a la parte social, nunca están en nada.
Habría una prórroga de 10 años para que todas estas personas se acogieran a las condiciones del fondo actual. Piszk asegura que es saquearlo…
-Hay situaciones aquí que son malévolas. No desconozco que Sandra Piszk representa ese grupo de poder político económico, del transitorio 5, son 567 trabajadores, es el 2,9% (los que se beneficiarían). Porque la OIT tiene claro que si usted ha cotizado el 60% no le pueden cambiar las reglas. Este informe está cerca en un 99% de los escenarios de la Universidad, pero sí lo moderniza.
Si bien es cierto usted es el único diputado que les da un voto de apoyo, ¿qué excesos se vienen dando en las pensiones?
-En este país llegamos a tener una presidente de la Corte, Villanueva Monge, y un presidente de la Asamblea, Villanueva Monge. Eso es jodido para la sociedad porque la independencia de poderes se pierde. Cambiaron las reglas del juego y se pensionaron, se hicieron un aumento del 60%, se calcularon la pensión con los últimos dos años, se fueron un montón y se llevaron un montón de plata. Ahí nace inclusive una organización dirigida por el hermano de Antonio Álvarez Desanti. Si ese fondo hubiera seguido 30 años más, no hay fondo. Así vienen pensiones de ¢9 millones.
En estas reformas del Poder Judicial usted también propone cambiar la figura de los magistrados y la forma de nombrarlos. ¿Cómo funcionaría?
-La pretensión es que el sector político no elija a los magistrados, lo deprimente que es ver a la gente que no tiene viabilidad pidiendo votos. Llegan donde uno, si llegan donde Ottón Solís y está chiva les dice que salgan porque son unos sinvergüenzas. Hay gente de carrera de la Corte que ha llegado llorando y diciendo “vengo de donde Ottón y me dijo que si no estoy en la terna soy una corrupta”. Hablamos con los gremios, les hablé, me dijeron que lo han visto en los congresos, que es lo ideal. Habría un consejo de la judicatura que se crea con el Colegio de Abogados, las universidades, el Conare, la representación de los litigantes. Un consejo que va nombrando magistrados de acuerdo a su carrera y se saca completamente de la esfera política, se terminan los magistrados y lo que hay son jueces de casación, como en Italia.
¿Como miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico considera que el foro debería tener un rol más protagónico ante el incremento de la inseguridad en el país?
-No va a pasar nada. El único que hizo un poco fui yo. Son saludos a la bandera.
¿Se mantendrá en el Frente Amplio?
-El partido nos tiene fuera de la campaña. A mí no me desvela, me preocupa mucho la juventud, es un partido que crece y crece sin dirección, y esa es la crítica mía. Una crítica que me ha costado. Tengo que hacerlo porque fui muy compañero de José Merino, él fue mi hermano. Compartí años de años. No me veo en un partido de derecha, no tengo campo. Soy de izquierda, vengo de Vanguardia Popular desde que tenía 17 años. José María Villalta, Ottón Solís y Óscar Arias son la misma personalidad, están sobre el bien y el mal. Si le sacas la lengua a la doña sos un agresor porque la tía de Villalta dice que sos un agresor. Yo lo sufrí. Trece años después me sacaron a mí eso y mi hija, abogada, fue a la Asamblea a explicar eso, a decir “eso no es así”. Villalta es un pendejo. A Villalta lo sacó la embajada americana, que ha venido reuniendo empresarios muy preocupados porque a como va este país, el Frente Amplio puede ser gobierno en dos o tres administraciones. No se puede poner la ética y la moral sobre las leyes porque la ética suya no es la de los demás. Yo lo gané. Edgardo (Araya) tiene mucho más fuelle que José María, pero el partido por esa falta de dirección no tiene pegada, ese núcleo de las bases con la cúpula. La cúpula son tres personas: Patricia (Mora), Rodolfo Ulloa y Villalta. Eso es nefasto. José María se corrió, no aguantó el primer año de asesor de nosotros en fracción, un día a día en la Asamblea.
