Caracas. (EFE)- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió acoger las competencias para legislar de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que tiene una contundente mayoría opositora y que rechazó esta decisión al considerarla una disolución. La ANC tomó esta medida luego de que la directiva del Parlamento no acudiera a la reunión a la que había sido convocada por parte de la Constituyente, un órgano que los opositores tildan de "fraudulento" y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país. La decisión fue comunicada por la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, durante una sesión regular del cuerpo deliberativo. Sin embargo, y como se preveía, los parlamentarios de oposición anunciaron apenas minutos antes que no asistirían a la sesión. Ante la ausencia de los diputados de la Asamblea Nacional, Rodríguez ordenó promulgar un decreto que regularía la convivencia con el poder legislativo constituido, pero, advirtió la exministra de Relaciones Exteriores de Maduro, “no es para hacerle carantoñas a la derecha”. La moción fue aprobada por unanimidad, como ha ocurrido hasta ahora en la Constituyente en sus casi dos semanas en funciones. Mediante un decreto el cuerpo plenipotenciario aprobó "asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos. Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución", agrega el acuerdo que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables. El opositor consideró que el decreto "de la fraudulenta ANC” busca repetir dos sentencias emitidas en marzo por el Supremo en las que se suprimía parcialmente la inmunidad de los legisladores y la Sala Constitucional se arrogaba las competencias de la Cámara, lo que dio pie a una oleada de protestas que se saldó con más de 120 muertos. El Parlamento venezolano ha rechazado que la Asamblea Constituyente opere en el país como una institución desde mucho antes de que fuese instalada, pues la consideran ilegítima y fraudulenta por no haber consultado a la población si aceptaban que se instaurara este órgano. Esto fue reafirmado cuando anunciaron su decisión de no acudir ante la ANC para subordinarse, luego de que este órgano citara a la Cámara a la sesión. El Parlamento es el único de los 5 poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, después de que sí lo hicieran el propio presidente Nicolás Maduro y los titulares de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano. En diversos aspectos el decreto equivale al veredicto que el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del chavismo, emitió a fines de marzo pasado, en el que se confiscaban potestades del parlamento para traspasarlas, en lugar de a una Constituyente que todavía no aparecía en los planes, al presidente Maduro. La decisión, que en su momento la oposición denunció como el camuflaje de un golpe de Estado, dio inicio a una oleada de protestas callejeras que duró cuatro meses y se saldó con más de 120 muertes y 5.000 arrestos. Hasta el momento la Constituyente no ha discutido ni una línea de algún artículo de la nueva Constitución que pretende redactar. En cambio, viene actuando como una Junta de Gobierno que parece tener como propósito central ajustar cuentas con la disidencia y aplacar sin miramientos el conflicto institucional desatado desde octubre de 2016, cuando el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional.
COSTA RICA RESPALDA
El Ministerio de Relaciones Exteriores dio su posición ante este nuevo evento en el cual refirió su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y sus diputados, quienes fueron electos y son representantes legislativos de la voluntad popular de ese pueblo.
“Costa Rica hace un llamado vehemente a la comunidad internacional a adherirse a la Declaración de Lima y expresar su pleno y decidido apoyo a la Asamblea Nacional. El Gobierno de la República de Costa Rica reitera su disposición de apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a lograr, pacíficamente, el restablecimiento pleno de la democracia en el país”, indicó el Ministerio.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Sábado 19 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
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