El tema de Uber y su legalidad sigue candente en la palestra nacional, en especial luego de darse a conocer que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sancionará a los comercios que hagan negocios con dicha empresa.
Esto se dio a conocer el jueves, cuando se notificó a personas tanto físicas como jurídicas sobre las consecuencias de llevar a cabo promociones o negocios con la compañía de origen norteamericano.
Tal fue el caso de Gustavo Araya, director ejecutivo del Hotel Wyndham San José Herradura, quien divulgó la advertencia mediante redes sociales y fue muy crítico de la acción.
“En un Estado de Derecho quienes determinan la legalidad o no de las cosas son las leyes y/o los juzgados (...) No existe una sola resolución que determine la ilegalidad de Uber. El Voto de la Sala solo habla de la Ley 8995”, sostuvo.
En la notificación que se entregó a Araya y a otros comercios identificados por el MEIC, se les ordena en tres días presentar pruebas de que no negociarán más con la compañía de transporte.
De no contestar a tiempo o del todo no hacerlo, se les advierte que se exponen a varios procesos de tipo administrativos ante la Comisión Nacional del Consumidor, que podrían derivar en multas de entre ¢4.260.200 hasta ¢17.000.000.
La exigencia de los taxistas nacionales para detener las operaciones incrementó luego de que la Sala Constitucional anunciara, en uno de sus fallos, que no existe otra manera de ejercer el transporte de personas a menos que sea con una concesión del Estado.
Esto cerró el último “portillo legal” en el que se buscaba que se derogara o se dejara sin efecto la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley 8995).
Sin embargo, dicho fallo ratificó lo que la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) habían externado sobre su legalidad.
DIRECTRIZ PRESIDENCIAL:
MÁS LEÑA A LA HOGUERA
Hace una semana el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, emitió las directrices número 82-P y 83-P, en las que ordenaba que se sancione a todas aquellas personas que realicen labores de transporte público sin el permiso correspondiente.
Algo que ha generado incremento en los operativos por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT), por lo que su jerarca, Mario Calderón, emitió un documento en el que ordenaba que se debía hacer todo por detener a los “piratas”.
Lo anterior ha conllevado a que incluso se acuse de acoso a los oficiales de esta institución por llevar a cabo interrogatorios a los pasajeros de los vehículos que se detienen en los retenes.
Sumado a esto, el MEIC decidió poner su “granito de arena” buscando limitar el que se comercie con dicha aplicación, la cual no cuenta con el aval de la legislatura costarricense.
UBER LAMENTA DECISIÓN
TOMADA POR AUTORIDADES
El ver cómo una posibilidad de negocios se cierra ante sus ojos ha causado malestar y preocupación en la compañía norteamericana, pues sienten que se violenta la libertad de elección.
En ese tono se expresó Andrés Echandi, gerente general de Uber para Centroamérica, quien en declaraciones para DIARIO EXTRA lamentó que esta situación se presente en una sociedad como la costarricense.
“En una democracia, como la que se vive en Costa Rica, el derecho a elegir es un pilar fundamental. Ante la posición de MEIC, la libertad empresarial se ve afectada al no poder ejercer un principio básico como son las promociones o la libre competencia, frenando así el avance de la economía del país”, argumentó.
Al mismo tiempo le recordó al Gobierno de la República que más de medio millón de personas han escogido viajar con ellos, así como los casi 16.000 choferes con los que cuentan y señaló que esa opinión debe ser tomada en cuenta.
También enfatizó que es necesario que las leyes y normativas que rigen el país sean sometidas a una reforma completa para que se pueda operar acorde a los tiempos modernos y de cambio que se viven.
“Es de suma importancia definir una regulación innovadora y apropiada, como existen en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo, permitiendo que las nuevas tecnologías sigan promoviendo el desarrollo y la libre convivencia de todas las formas de movilidad existentes en el país”, insistió.
“El derecho a elegir en Costa Rica es una forma de hacer democracia y no puede estar en manos de pocos, todos deben participar de la conversación del futuro de la movilidad en Costa Rica”, finalizó.
PRESIDENTE LE JALÓ
EL AIRE A MODELO
Otro de los aspectos que ha llamado la atención es el que varios usuarios externaron su punto de vista por lo sucedido, tal y como lo hizo la modelo Leonora Jiménez, quien ha sido una de las personalidades públicas que más apoya a Uber.
La reconocida modelo indicó al presidente Luis Guillermo Solís que ella también debería ser sancionada, por sus proyectos de moda y aseguró que el mandatario cedió ante la presión de taxistas y autobuseros.
“Don Luis Guillermo, para su información a mí y a mis proyectos de moda también deberá sancionarnos. (...) seguiremos apoyando la libertad del consumidor de elegir los servicios que más le garanticen calidad y seguridad, pero sobre todo defendiendo la libertad de elegir y también de competir”, externó.
“Esto es una vergüenza, qué triste que el PAC haya sucumbido ante la presión de los gremios: taxistas, camaroneros, sindicalistas, autobuseros” continuó.
Sin embargo, el mandatario no se quedó callado y envió un mensaje directo a la modelo en donde le decía que su compromiso era con las leyes que rigen el país y mantiene el orden en el mismo.
“Lamento mucho que se sienta afectada por mi obligación de defender la Ley. Cuando juré ante el pueblo de C.R. lo hice diciendo que respetaría y haría respetar (...) la Constitución y las leyes de la República”, escribió en Facebook el mandatario.
Por último, el Jefe de Estado sostuvo que no ha cedido ante ninguna presión más que la de hacer cumplir lo que la Constitución y las normas legales establecen, lo cual puntualizó es su trabajo.
CHOFERES DE UBER
CANCELARON VIGILIA
Parte de los eventos suscitados conllevaron a que la Red Nacional de Conductores de Uber organizara una vigilia para solicitar que sus servicios sean legalizados, esta actividad se llevaría a caba desde este viernes y se extendería hasta el domingo.
No obstante, la misma fue cancelada el mismo viernes y en su lugar se organizó una caravana nocturna para pedir que se acabe la persecución en su contra y en contra de la transnacional.
De acuerdo con los organizadores, la falta de apoyo por parte de las autoridades y el no recibir protección por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) conllevaron a posponer la vigilia.
Uber opera en el país desde agosto del 2015 y aunque se ha dado la detención y decomiso de algunos de sus vehículos, estos siguen operando, algo que aseguran los taxistas ha afectado sus ingresos, disminuyéndolos hasta en 60%.
