Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, manifestó que este ha sido un año muy activo para la institución que dirige por la atención de acciones y gestiones de denuncias que ha tenido que investigar. Agregó que también han efectuado estudios en diferentes temas y emitido criterios que no han caído bien en más a uno.

Uno de los productos que sacó este año la Contraloría es la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, en la que se concluye que el 85% de los costarricenses consideran que hay mucha corrupción en el país. También se determinó que el tema de la inseguridad ciudadana sigue siendo la principal preocupación de la población.

Sobre estos y otros temas conversó con Iary Gómez y Paola Hernández; gerente general de Grupo Extra y directora de DIARIO EXTRA, respectivamente.

¿A qué se debe que usted visita tanto a la Asamblea Legislativa, la llaman los diputados a comparecer o usted pide cita?

-El año pasado fui 16 veces a la Asamblea Legislativa. El año tras anterior asistí en 17 ocasiones y en lo que va de este ya suman 8 veces.

Les doy información (a los diputados) para que tomen decisiones. A veces les digo que hay temas que importante que ellos conozcan, entonces me dan audiencia. Igual, si tengo que hablar con los diputados de manera individual voy a buscarlos a sus despechos o ellos llegan a mi oficina. 

Usted parece tener buen ambiente en Cuesta de Moras…

-Hay una buena relación, porque la información que brindo es objetiva, imparcial y documentada.

Yo no voy a hablar de cosas que no tengo estudiadas o documentadas. Cuando por ejemplo me piden un criterio sobre un proyecto de ley, lo valoramos y analizamos de manera técnica.

¿Le resulta tedioso el ir constantemente a la Asamblea Legislativa?

-Para mí eso ha marcado la diferencia en la gestión, ese acercamiento con la Asamblea Legislativa. No es que todo sea color de rosa, pues hay cosas que no gustan de aquel lado, siempre hay críticas. Hay que trabajar con todos los diputados por igual. (…)  Eso nos ha ayuda mucho a posicionarnos como una Contraloría que realmente auxilia a la Asamblea Legislativa.

¿Considera que sus criterios son atendidos por los diputados?

-Totalmente. Yo tengo buena relación con ellos. Habrá alguno que tal vez no les gusta algo que digo, pero eso es normal cuando uno toma las decisiones técnicas y jurídicas, porque si uno trabaja por caerle bien a todo el mundo haría muy mal y en segundo lugar no se puede.

Al ser la Contraloría General de la República un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, ¿los diputados han evaluado a la institución?

-El año pasado, participaron entre 52 y 54 diputados que nos hicieron una evaluación y nos calificaron con un 80, eso para mí es un éxito.

¿Cómo hace para que los diputados puedan entender la información o los criterios que emite sobre distintos temas?

-Hago presentaciones. Trato siempre de que sean muy didácticas para que entiendan bien los mensajes. Hago consideraciones de las ideas fuertes que quiero que vean. Me he preocupado de que los mensajes lleguen de la forma en que deben de llegar.

De todos los temas que analiza la Contraloría ¿cuál asunto actual considera que es de suma importancia?

-Hay muchos temas, pero hay uno, que para el futuro es importante y es el que el país firmó en la Asamblea de Naciones Unidas el acuerdo para la implementación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este gobierno ya hizo un acuerdo nacional y eso es un tema de todos los países en nivel mundial. Entre los temas que abarcan se encuentran acciones para erradicar el hambre, que las mujeres tengan la posición que les corresponde en la sociedad, entre otros. Pero son temas que, si idealmente las naciones quisieran lograr, hay que implementar. Las contralorías pertenecemos a una organización mundial que es la Agencia del Consejo Económico de las Naciones Unidas, hay un compromiso de ayudar a los gobiernos a implementar y llevar adelante la ODS.

¿En qué aspectos puede contribuir?

-Están los temas de pobreza, infraestructura, social y educación, entre otros, por lo que allí podemos aportar insumos que contribuyan a cumplir los objetivos.

Semanas atrás la Contraloría rechazó la adenda de la carretera a San Carlos…

-Se deniega porque no tenemos certeza o por lo menos en los documentos que se dieron, sobre cuándo iba a terminar la carretera ni se tiene certeza sobre el costo final de la obra. En esas condiciones es muy complejo aprobar una adenda, máxime que se nos indicó, además, que viene una adenda 9 que todavía no estaba bien identificado qué contendría y cuánto iba a costar, por lo que para la Contraloría no era posible su aprobación.

¿Qué les llamó la atención de la información suministrada por el Conavi? 

-No se garantiza la funcionalidad y son $24 millones lo que se invertirían, por lo que la Contraloría no la pudo aprobar en esas condiciones. Se le denegó la petición al Conavi.

¿Con esto el proyecto de la carretera quedaría sepultado?

-El gobierno puede volver a presentar la gestión, pero es importante que esté bien delimitado, el trazo, el plazo y el costo final de la obra.

¿Cómo valora la Contraloría que el Conavi haya indicado en una obra que lleva más del 80% de avance que necesitará otra adenda y no es la culminación de la obra?

-Eso es parte de las inquietudes que tenemos, puesto que, si la obra tiene un 84% de avance, entonces cómo viene una adenda 8 y posteriormente una 9, pero no se sabe cuándo finalizará la obra, por lo que nos llama mucho la atención eso.

Otro de los aspectos cuestionados por la Contraloría es la utilización, por parte del Gobierno, de la figura de Unops como unidad de fiscalización de proyectos…

-El gobierno aporta los dineros y ellos (Unops) los ejecutan. En estos casos Unops funciona como una unidad ejecutora de proyectos, son dineros totalmente costarricenses, no es una donación ni un préstamo. La nota que le mandamos al señor representante de Unops en Costa Rica era recordándole que la Contraloría tiene a cargo, constitucionalmente, controles en materia de contratación administrativa y también tiene controles en materia posterior. Es decir, nosotros podemos auditar esos proyectos y fondos porque son dineros costarricenses, son recursos públicos.

¿Por qué tuvieron que hacer eso?

-A raíz de que Unops hace una publicación en los diarios nacionales en donde destaca cuál es su rol, nosotros no cuestionamos que ellos puedan ejecutar los proyectos, pues hay una carta y una ley que así lo establece. Sin embargo, cuando Unops hace la publicación, no hace mención de los controles que tiene la Contraloría, sino que se van regir bajo sus propias normas y políticas. En ese sentido, decidimos decirles cuál es el rol de la Contraloría con los fondos públicos costarricenses.

¿Los representantes de Unops replicaron la respuesta de la Contraloría?

-Nos respondieron y, en ese sentido, no estamos teniendo, por ahora, ningún problema con ellos.

En los procedimientos de Contratación Administrativa sí hay apelaciones u omisiones al cartel, etc, entonces eso debe llegar a la Contraloría y es eso lo que está sucediendo. Igual para refrendos, por supuesto respetando las reglas y las políticas de contratación de Unops y del país.

¿Se han topado con alguna resistencia de Unops para ser fiscalizados por la Contraloría?

-Hubo una suerte de resistencia al principio porque ellos entendían que siendo un organismo internacional tenían ciertos privilegios. Pero nosotros les hemos dejado en claro que eso no es así, pues son fondos públicos y ellos funcionan como unidad ejecutora.

Hay una alta percepción ciudadana de que existe mucha corrupción en el sector público…

-Eso fue confirmado en la encuesta que hicimos en marzo a más de 3.000 personas y a 360 proveedores del Estado. El 85% de los ciudadanos dice que hay corrupción en el país mientras el 61% ha dicho que la corrupción ha aumentado en los dos últimos años.

Desde el punto de vista de la Contraloría, ¿qué es corrupción?

-Es el abuso de poder para beneficio propio. Beneficio ya sea directo e indirecto del funcionario o del grupo que lo rodea y eso significa que se infringen normas jurídicas y éticas y se antepone el interés particular sobre el interés general. Es dañina porque los fondos deben destinarse a fines al bienestar general.

¿Quiénes pagan las consecuencias generadas por la corrupción?

-Quienes pagamos por la corrupción somos todos, especialmente los más vulnerables.

¿Qué peso tiene esa percepción de los costarricenses sobre la corrupción en el sector público?

-La corrupción es vista como el segundo problema nacional en importancia, pues el primero es la inseguridad nacional. Lo otro interesante es que el 55% de los proveedores del Estado consideran que hay corrupción en el plano de las compras públicas.

¿Cuál es la lectura que se puede hacer de este último punto?

-Esto viene a confirmar lo que siempre se dice, que hay mucha corrupción en el proceso de contratación administrativa.

El Ministerio de Hacienda dio un año para que todas las instituciones públicas migren del sistema de compras públicas Merlink a Sistema en Información de Compras Públicas (Sicop), pero ese proceso no ha avanzado mucho…

-El Ministerio de Hacienda, que es el rector, ha estado lento en la inclusión de todas las instituciones al sistema. Todavía en mayo pasado, la Dirección de Administración de Bienes nos dijo que ellos no tienen la competencia de obligarlas a incorporarse al sistema. Emitieron decretos ejecutivos para dar en vez de un año, cuatro años, a aquellas que no tienen página web y además se permite procesamiento de trámites en papel y es precisamente lo que se quiere evitar, pues esto es muy amigo de la corrupción y muy amigo de la ineficiencia.

Además hay instituciones que tienen sus propios sistemas de compras públicas… 

-El ICE, Japdeva, Recope y la Caja tienen sus propios sistemas de compras públicas, entonces migrar al otro es todo un tema, porque hay resistencia. A esto, la Dirección de Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda no se ha comprometido con el nivel que debió haberse comprometido para tener este sistema en el tiempo que previó la ley.

¿Al existir tantos sistemas de compras públicas no se garantiza la transparencia en los sistemas de contratación?

-La idea es que solo esté Sicop. En una época de dificultades fiscales como la que tenemos sería muy conveniente tener este sistema, aparte de toda la transparencia que esto genera.

¿Qué ha llevado a un país como Costa Rica, que ha tratado de tener normas legales, a caer en corrupción?

-Hay que reconocer que Costa Rica tampoco es el país más corrupto, está dentro de los mejores niveles de América Latina, lo cual no quiere decir que no nos preocupemos, que no haya que combatir la corrupción. La lucha contra la corrupción más que un tema de leyes es también de los valores que tenemos como personas, de nuestras actitudes.

Extradirecto

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar

EMAIL: [email protected]

Miércoles 26 Julio, 2017

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA