La huelga judicial
Albino Vargas Barrantes*
Cuando los políticos deshonran su firma, las consecuencias son graves para toda la sociedad. La huelga de los empleados y de las empleadas judiciales, con un impresionante y abrumador respaldo, llega hoy, miércoles 26 de julio de 2017, a su octavo día. Nosotros lamentamos las consecuencias dolorosas derivadas de este movimiento huelguístico, inédito en toda la historia republicana del Poder Judicial de Costa Rica.
Sin embargo, la culpa no es ni del personal judicial en huelga, como tampoco lo es de los diversos gremios y sindicatos que le representan.
La huelga estalla cuando se deshonró, en sede legislativa, un acuerdo político establecido entre diputados y diputadas de diversas fracciones con el cuerpo gremial del Poder Judicial, para introducirle reformas al sistema de pensiones de este conglomerado laboral, a partir de un proyecto elaborado por sus mismas representaciones sindicales. Si eso se hubiese respetado, se habría garantizado un proceso diáfano y sólido, de diálogo social y de negociación efectiva.
La ruptura de tal acuerdo y su corolario le dio fuerza moral y ética al movimiento del personal judicial costarricense. A la propuesta de los gremios se le dio una especie de “golpe de Estado” para imponer otra generada con las visiones neoliberales de la Superintendencia de Pensiones (Supen), apalancada, según se dice, por un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), mismo que, al parecer, ha sido manipulado de cara a la opinión pública.
La reacción laboral de los y de las judiciales no podía ser otra, puesto que sus dirigentes se esmeraron en demasía por presentar un proyecto que no tendría que depender de las golpeadas finanzas del Estado central, pues ellos mismos estarían sufragando sus propias pensiones.
Además, el proyecto de los gremios y sindicatos judiciales acaba con las denominadas pensiones de lujo que han imperado en este poder de la República.
Nos informa don José Eduardo Cartín Elizondo, funcionario judicial en la Sección de Química Analítica del Poder Judicial, que se ha esparcido, malintencionadamente, el erróneo criterio de que el “Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial está quebrado según los resultados del informe actuarial de la Universidad de Costa Rica”.
Por el contrario, dice don José Eduardo que ello es ¡falso!: “La Universidad de Costa Rica lo que dice en su informe sobre el estudio actuarial y del análisis que se hace, plantea tres posibles escenarios donde el más pesimista indica que si en este momento no se hacen reformas en 100 años se puede tener un déficit de 5.3 billones. El Fondo de Pensiones del Poder Judicial en la actualidad tiene en sus arcas más de 500 mil millones de colones y las 3000 jubilaciones y pensiones se pagan con los aportes de los trabajadores y los rendimientos de las inversiones del mismo fondo”.
Por otra parte, el criterio, también maliciosamente esparcido, de que “las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial son de lujo para sus funcionarios y funcionarias”, también es ¡falso! El dato que al respecto nos da el mencionado funcionario judicial acota lo siguiente: “Aproximadamente 46 exfuncionarios de alto rango… y algunos puestos que fueron de alta jerarquía, tienen una jubilación o pensión de más de cinco millones, siendo la más alta la que ostenta la viuda de un exmagistrado de más de diez millones. La mayoría de los jubilados tienen jubilaciones y pensiones que oscilan entre los 500 mil a millón y medio de colones y un muy pequeño porcentaje pasa de ese intervalo”.
Las citas anteriores son extraídas de un artículo que escribió don José Eduardo Cartín Elizondo, titulado “Mitos en Redes Sociales sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, fácilmente localizable en la internet.
Mientras el país se va hundiendo en una creciente crisis fiscal que amenaza con un descalabro similar al ocurrido en países como Portugal y como Grecia, ciertos diputados se enfrascan en una discusión sobre un sistema de pensiones específico, como el de los y de las judiciales, que nada tendría que ver con el descalabro, ya en perspectiva de corto plazo, de las finanzas centrales del Estado, según lo expresa la tesis del proyecto gremial objeto de un acuerdo político-legislativo ahora deshonrado y causa fundamental de esta huelga, polémica e histórica.
Ese ímpetu diputadil es preocuparse por el futuro de las pensiones judiciales, es el que hace falta para pasar leyes tributarias de corte progresivo que nos eviten caer al precipicio de una quiebra en las finanzas centrales del Estado con riesgo incluso de que, en el corto plazo, no haya plata para pagar ni sueldos ni aguinaldos.
Más allá, repetimos, de las consecuencias dolorosas de esta huelga, que nos conmueven profundamente, se debe reparar en su génesis y cómo la deshonra de un acuerdo político-legislativo no es más que certificar el ensanchamiento creciente de la distancia entre gobernantes y gobernados.
*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
