Evaluación del desempeño
En tiempos recientes, se han publicado diversos artículos sobre la evaluación del desempeño en el ejercicio de la función pública, en algunos casos se ha hecho referencia a artículos de nuestra Constitución Política: Al Art. 11, “Los funcionarios públicos (…) Están obligados a cumplir los deberes que la ley les imponen (…) La Administración Pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con las consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”. Al Art. 57, “… El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Al Art. 191, “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. ¡Eficiencia!
Con base en dichas referencias constitucionales, la sociedad costarricense tiene pleno derecho a exigir una Administración Pública eficiente y eficaz al servicio de los administrados; a recibir rendición de cuentas de la manera más transparente y apegada a la verdad, pues todos los llamados a hacerlo, incluidos los servidores públicos, pagamos impuestos, para que el Estado cumpla con la suprema y humana función de promover y tutelar el Bien Común; es decir, con la construcción de una sociedad más justa, equitativa, libre, solidaria y desarrollada en la que el bienestar y progreso lleguen a todos, según sus propias construcciones personales o familiares.
Todos esperamos que los resultados de la gestión del aparato estatal beneficien a la sociedad; sin embargo, ante críticas y señalamientos de ciudadanos, hechos públicos, se está generando una colectiva inconformidad por la calidad de los bienes y servicios que brindan las instituciones estatales: por el trato recibido, largas filas y esperas, inconsecuentes privilegios incorporados en las convenciones colectivas, inexplicables tardanzas y pérdidas en la solución de los problemas comunales, cantonales, nacionales, etc. Cuántos millones de colones y de dólares se han malgastado en obras públicas ¡No se puede decir invertidos! Por ejemplo, en “la trocha”, en el puente de “la platina” o en la construcción del tramo que une la ruta 32 con la terminal APM.
En términos generales, se cuestiona a los servidores, a los jerarcas que califican, los procedimientos e instrumentos de evaluación y a las instituciones; empero, los señalamientos están más cargados a las personas, como es el caso del reciente análisis de los servidores del Ministerio de Educación Pública, por lo que cabe preguntarse, en este caso, por los resultados de la evaluación de las Direcciones Regionales de Educación o de las mismas Oficinas Centrales, como tales.
Considero que el Estado debe tener un sistema nacional de evaluación del desempeño, en el que se evalúe a los servidores y a las instituciones y en el que se aborde tanto la evaluación de carácter formativo: para mejorar el desarrollo profesional, como la sumativa: para incrementos salariales, ascensos. Sabemos que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) establece en el Plan Nacional de Desarrollo metas anuales a las que les da seguimiento y que la Contraloría General de la República ejerce control sobre el ejercicio presupuestario frente a resultados. Precisamente, semanas atrás cuestionó lo veracidad de los logros esgrimidos públicamente por el Gobierno del presidente Solís Rivera, en el 2016, dado que muy pocas metas fueron calificadas por la CGR de “conclusión limpia”.
En otro orden, también, estamos informados de planteamientos hechos a través de la prensa sobre la necesidad de hacer más eficiente y eficaz al Estado costarricense, sin dejar de señalar las presiones de los organismos internacionales para “adelgazar” la planilla del Estado, según estos, para hacerlo más eficiente, o de proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa para resolver el problema de la “inflación institucional” del Estado. En fin, junto con las exigencias de ser más rigurosos en la evaluación del desempeño de los servidores públicos y de mejorar su diseño y metodología, se plantean serios cuestionamientos sobre el desempeño de las instituciones estatales.
Todo parece indicar que el Gobierno que asuma en mayo de 2018 -y posiblemente el subsiguiente- tendrá que construir decisiones y soluciones equilibradas, a la par de las organizaciones intermedias de la Sociedad Civil y del Sector Privado -esperando que todas las partes aporten responsablemente a la vida pública su concurso en procura del Bien Común- para que las instituciones estatales, ciertamente, sean más eficientes y eficaces en beneficio de todos y no de intereses particulares; también, para asegurase de que los servidores públicos tengan la idoneidad, probidad y responsabilidad en el cumplimiento de las funciones inherentes a sus cargos. Una inaplazable tarea que debemos hacerla como Estado en el marco de nuestra Democracia -aunque nos tome más tiempo- y de nuestra vida republicana.
*Exministro de Educación Pública
