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Nacionales

UCR cometió fraude contra trabajadores ticos

Afirman sindicatos

Los representantes de Bussco Luis Chavarría, Edwin Solano, Marta Rodríguez, Olga Gómez, Gilberto Cascante y Lisbeth Calderón pidieron a la Caja explicaciones por los cuestionamientos al informe de la

La polémica continúa por los cuestionamientos hechos al informe de pensiones realizado por matemáticos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y por el cual se pagaron ¢44,5 millones, que en criterio de los sindicatos no deberían desembolsarse en caso de que se comprueben las anomalías que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La Junta Directiva y el gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, han propuesto con argumentos apocalípticos y tendenciosos agresivas reformas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) fundamentados en un estudio realizado por académicos de la Escuela de Matemáticas de la UCR”, expresó Marta Rodríguez, del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) e integrante de la mesa de diálogo que analiza las reformas al fondo de pensiones de 1,5 millones de trabajadores.

Rodríguez detalló que el estudio realizado por los expertos Rodrigo Arias, Luis Alberto Barboza y José Alexander Ramírez de la UCR, entregado en diciembre del 2016, fue totalmente descalificado por el Departamento de Protección Social de la OIT con sede en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con los líderes sindicales, el análisis sobre el que la Caja se basó se aleja de la realidad costarricense por lo que exigen a las autoridades que lo aclaren. Los agremiados consideran que se cometió un fraude contra la sociedad al sobreestimar la población sujeta a pensión, así como el número de trabajadores que podrían estar cotizando al régimen.

Los representantes de Bussco emplazaron a la Superintendencia de Pensiones (Supen) porque se encargó de supervisar técnicamente el estudio para que promueva y genere espacios con los sectores sociales y garantice la seguridad técnica de los datos sobre.

 

CONTRATO

 

De acuerdo con el contrato suscrito el 25 de abril del 2016, el costo del estudio es de ¢44,5 millones, su objetivo era una consultoría para realizar una valuación financiera y actuarial independiente del IVM con corte al 31 de diciembre del 2015. 

La UCR debía cumplir con los estándares técnicos establecidos por la Asociación Actuarial Internacional (IAA), la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sean aplicables al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Esos parámetros serán entregados por la CCSS. Además, debería utilizar el método de valuación de Proyecciones Demográficas y Financieras, considerando un periodo de al menos 75 años, en los cuales se visualiza el flujo de las principales poblaciones involucradas (activos y pasivos), así como ingresos, gastos y reserva, subraya el documento suscrito entre el gerente de Pensiones Jaime Barrantes y Carlos Araya, rector a.i. del centro académico.

 

 

Marta Rodríguez

Undeca

 

“La realidad es que no existe un estudio técnico confiable sobre la realidad de las pensiones, por lo que estaremos exigiendo en la mesa que se profundice el estudio de la UCR y que sea la OIT la que determine cuál es la verdadera situación del régimen de pensiones”.

 

Olga Gómez

CTRN

 

“Desde el inicio, desde la primera reunión de la mesa de diálogo, no solo solicitamos la participación de la OIT de forma permanente en las sesiones, sino que además nos permitieran que hicieran una validación del informe presentado, lamentablemente no toda la información fue dada desde el inicio, sin embargo hicieron un análisis”.

 

Luis Chavarría

Undeca

 

“Para nuestro país, para el gobierno y para la Caja esto es totalmente vergonzoso. Aquí debe haber intereses muy grandes detrás de esta reforma de pensiones. Han hecho varios estudios y resulta que este último con graves errores y por otro lado la Caja no da la cara por ningún lado. ¿Dónde están los actuarios de la Caja, dónde están los más altos intereses de esta institución?”.

 

Juan Carlos Durán

Sinae

 

“Debe prevalecer ante cualquier informe la defensa del sistema público de pensiones y su fortalecimiento. La Caja debería valorar las cláusulas contractuales con la UCR y valorar si las presuntas deficiencias técnicas en los modelos financieros y demográficos dan sustento legal para una disolución del contrato”.

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Jueves 13 Julio, 2017

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