Julieta Bejarano, directora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es acusada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el delito de beligerancia política.
En la denuncia que se registra el 11 de julio del presente año se la señala por donar dinero para la campaña electoral de Carlos Alvarado, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC).
DIARIO EXTRA confirmó que la contribución de Bejarano se dio como parte de una cena para recaudar fondos.
Andrei Cambronero, letrado del TSE, informó a este medio que la denuncia se mantiene en estudio de admisibilidad. Detalla que el denunciante alega que Bejarano estaría en la lista de funcionarios que según el párrafo del artículo 146 del Código Electoral, “únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este Código”.
La prohibición se aplica, por ejemplo, para el presidente de la República, ministros de la República, magistrados, directores ejecutivos, el defensor y el contralor de la República, así como miembros de juntas directivas de instituciones autónomas y todo ente público estatal.
Desde marzo hasta la fecha el TSE ha tramitado 26 acusaciones por este delito, que expone a los acusados a la suspensión, destitución o prohibición de ocupar cargos públicos por un plazo de entre 2 y 4 años.
En esa lista también se indaga al presidente Luis Guillermo Solís, a quien denunció el 16 de junio un hombre de apellidos Ávila Agüero.
El vocero del TSE explicó que lo acusan de presuntamente promover a los entonces precandidatos del PAC, Welmer Ramos y Carlos Alvarado, al potenciar la obra del gobierno, que además fue utilizada para mensajes de campaña por los propios aspirantes.
Las acusaciones se mantienen en estudio, junto a otras que ha informado DIARIO EXTRA, tal es el caso de Yolanda Acuña, miembro de la directiva de AyA; Renato Alvarado, miembro de la directiva de la CCSS; Gustavo Machado, asesor del Viceministro de Justicia; Víctor Hugo Alpízar, miembro de la directiva de Dinadeco; y Carlos Alvarado, a quien culpan porque habría utilizado recursos públicos para anunciar su interés presidencial.
De cara a la contienda de 2018, Solís ordenó la salida de Marcelo Jenkins del Ministerio de Ciencia y Tecnología por votar en la convención interna del Partido Liberación Nacional y de Guillermo Santana de la directiva del ICE por asistir a una cena para recaudar fondos a favor del candidato presidencial del PAC.
