Registro de ofensores para cuidar menores
Editorial
En el último mes los ciudadanos hemos visto a la policía golpear agrupaciones criminales y detener personas dedicadas a abusar de menores de edad y producir materiales de carácter sexual para promocionarlos vía internet o redes sociales.
Lo peor, las víctimas son menores de edad, niños y niñas de 4 o 5 años y hasta adolescentes de 12 y 13 años. Son usados por familiares y ajenos para producir material audiovisual donde se muestran de forma explícita los abusos sexuales.
Pero no solo eso, los depravados, enfermos, también amenazan con la muerte a muchos de los afectados, por lo que la denuncia se hace más complicada y pasa el tiempo sin que nadie pueda auxiliarlos.
Tristemente muchos de los casos llevan años perpetrándose, no se sabe si con consentimiento de los padres de familia o tutores y hasta los vecinos, pero alguien aduce al momento de las detenciones de los imputados que ya sabían, pero no denunciaron. Esa actitud de los adultos deja un dolor en el alma, pues los menores son indefensos y ocupan ayuda ante situaciones tan graves. Además, denunciar es una obligación.
Cabe destacar que varios de los detenidos con todo el esfuerzo de la Policía Judicial y de la fiscalía, a las pocas horas están libres, con medidas, y se pasean de nuevo buscando víctimas.
Y lo peor, en este país nada les advierte a los ciudadanos, a los padres y encargados de menores de edad que el vecino es un ofensor sexual, que ya la policía lo detectó o que fue condenado por las mismas causas. Eso deja en estado de vulnerabilidad a otros niños y niñas que estén a su alcance.
Esta situación de inadvertencia la permite la ley, pues parece que en Costa Rica son más protegidos los victimarios que las propias víctimas, y jamás hacer pública una cosa como esa pues vulnera los derechos de las personas privadas de libertad y su posible reinserción. Es entendible que hay derecho a la reinserción, pero no puede estar por encima de la seguridad y tranquilidad de los afectados y otros menores de edad.
Ya es hora de pensar en un registro de ofensores sexuales, así lo tienen sociedades desarrolladas como los Estados Unidos.
No es hacerle la vida imposible a los que purgaron condena por un hecho similar, es deber de cuidado y observancia.
Así como pueda no cometan delito alguno jamás, hay evidencias que los atacantes sexuales deben ser abordados médicamente pues sus impulsos superan su voluntad.
Acá surge una pregunta: ¿cómo pueden los padres y encargados de los menores resguardarlos de una persona de malos hábitos sexuales que se convierte en un riesgo inminente sin saber que lo tiene cerca?
Hablamos de propios y extraños, pues las estadísticas evidencian que la mayoría de los abusos ocurren a manos de conocidos, familiares y allegados.
Hoy es imposible enterarse de antecedentes si no es el rumor o el chisme que se desata en un barrio o comunidad, pues los ciudadanos no tienen forma de saberlo por la vía legal.
Hay otros países como República Dominicana y Colombia donde existe lo que se conoce como un registro de ofensores sexuales, o un registro de convictos por delitos sexuales y abuso contra menores de edad.
No es una cacería de brujas la que se promueve con dicha opción, es un elemento de seguridad. Sería como el archivo policial, que permite a las autoridades y a los ciudadanos conocer quién o quiénes están alrededor de sitios frecuentados por niños y niñas como escuelas, parques de juego, salas infantiles.
El Departamento de Justicia, EE.UU. tras la aprobación del Reglamento del Registro de Convictos, indicó que el propósito de tal medida era el siguiente: “Ante el peligro de reincidencia en la comisión de delitos que implican crímenes sexuales violentos o que constituyen abuso contra menores, y por el riesgo que puede representar una persona que sufre de una enfermedad o desorden mental de índole sexual, existe la necesidad de que tanto las agencias del orden público, como la comunidad, conozcan el paradero de aquellas personas que han sido convictas de delitos de esa naturaleza”.
El Estado debe velar por los más pequeños, y si hay modelos de seguridad exitosos ante el aumento de casos de abusos sexuales, producción de materiales sexuales con menores y explotación comercial, lo óptimo sería valorarlos.
Somos las mamás y papás y demás encargados también los llamados a promover y poner en práctica medidas de seguridad, desde enseñarles a los chicos a no hablar con extraños, hasta no abordar autos desconocidos, no aceptar golosinas o regalos y menos entrar a casas sin antes avisar. Pero además fijar reglas dentro del mismo hogar con familiares. Sencillo; hay comportamientos o situaciones que no son negociables.
También es cierto que los menores son inocentes y olvidadizos, pero hay que reforzar esos conceptos y darles herramientas ante una eventual situación.
Es importante que los niños y niñas sepan a quién acudir en caso de una situación que les genera temor, enseñarles números de teléfono y direcciones de la casa de sus padres, alertarlos de conductas sospechosas y cómo evadirlas. Y algo muy cierto, la confianza rompe el saco y puede pasarle a cualquiera, no distingue estratos sociales, religión, sexo o nivel educativo.
No está de más explorar la posibilidad de un registro de ofensores, pues en los últimos tiempos muchos de nuestros pequeños han caído en las redes de estos depredadores sexuales, quienes no solo que están fuera de las escuelas y centros de entretenimiento, sino que ahora también operan por las redes sociales y en las mismas familias.
