Cambiar las reglas del juego para proteger a las personas que compran a crédito es lo que busca una iniciativa de ley que este jueves presentó a la corriente legislativa Epsy Campbell, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Si bien en el país existe la Ley de Protección al Consumidor, la congresista considera que es una legislación que ya no calza en la realidad del costarricense de hoy.
“Al no tener un marco normativo actualizado, las personas se convierten en víctimas de los procesos crediticios y de los oferentes”, afirmó.
Como ejemplo Campbell puso que hoy los vehículos se comercializan con precios en dólares, cuando el 95% de los consumidores en el país recibe ingresos en colones.
“A las tasas de interés de la compra a crédito de ese vehículo hay que sumarle un número infinito de cargos adicionales y con unas cuotas que terminan siendo engañosas porque en la letra pequeña es donde indican cuál es la prima, el plazo y la gente termina comprando un carro cuya depreciación es a cinco años y que terminará de pagar en ocho o 10 años”, declaró.
CAMBIOS
La propuesta, que deberá iniciar el largo camino para convertirse en ley, provee “herramientas legales” para defender el derecho de las personas que compran a crédito en comercios como casas de empeño, financieras, prestamistas, operadoras de tarjetas, ventas de electrodomésticos y agencias de viajes, entre otros.
Se crea la Defensoría del Consumidor Crediticio, que estaría adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este ente tendría a su cargo velar por los derechos de los consumidores y revisar los contratos de adhesión para anular las cláusulas nocivas que contengan.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación Pro Defensa del Consumidor (Aprodeco), aunque su directora Adriana Rojas reconoce que desde ya cuenta con una fuerte oposición.
“La Asociación Bancaria Costarricense será enemigo número uno, la Cámara de Bancas, los sectores que manejan electrodomésticos a plazo”, comentó.
Rojas señaló el vacío legal que existe sobre el consumidor que compra a crédito, que lo lleva a las entidades que ofrecen financiamiento a establecer cláusulas contractuales que le generan daños económicos.
“Por ejemplo, tenemos casos de trabajadores independientes que por razones de salud se enferman tres o cuatro meses sin poder laborar y cuando se recuperan tenían fechas de remate judicial”, indicó.
En casos de este tipo se requiere el derecho de “plazo de gracia”, que hoy es una facultad para entidad financiera, pero no un derecho para el consumidor, lo que impediría que muchas personas pierdan sus bienes y dañen sus récords crediticios.
CAMBIOS PROPUESTOS
Dación de pago obligatoria: Permite al deudor liberarse de su deuda entregando el bien cuya adquisición dio lugar a la deuda.
Se prohíbe:
El acoso telefónico.
Los cargos adicionales por gestión de cobro.
Las multas adicionales diferentes al interés moratorio por atrasos en el pago de intereses o cuotas pagadas.
Derecho a escoger la cantidad de cuotas que quiera pagar al momento de optar por un servicio de crédito.
Fuente: Proyecto de ley
Eliécer Álvarez
Afectado por condiciones de crédito
“A uno se le para el pelo ver bancos rematando casas, que proponen plazos y tasas abusivas. En mi caso por una discapacidad me vi envuelto en una situación que me costó el crédito de mi vivienda”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Viernes 23 Junio, 2017
HORA: 12:00 AM
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