Poco más de ¢13.500 millones de recursos “ociosos” provenientes de depósitos de juicios concluidos o abandonados podrían llegar al régimen no contributivo de pensiones que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Esto luego que un proyecto que impulsa la diputada liberacionista Sandra Piszk, fue dictaminado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Sociales.
“Este monto surge de una acción de inconstitucionalidad que yo interpuse en el año 2000, ya que estos dineros se estaban incluyendo, luego de los 10 años de rigor, al fondo de pensiones del Poder Judicial, pero la Sala IV avaló que eran dineros públicos”, explicó Piszk.
Luego de esa resolución, los recursos quedaron “ociosos” en el Banco de Costa Rica, sin ninguna asignación, hasta que con este proyecto se pretende darle un carácter social a los mismos.
Esto porque al llegar a este régimen no contributivo que es el que cubre a las personas de menos ingresos, daría la posibilidad de que aumente un poco la pensión que reciben.
Hoy la misma se calcula en ¢78 mil y la posibilidad es que se aumente dicho monto, o bien que se amplíe la base a la que se cubre que actualmente llega a 110 mil personas.
Dicha decisión la deberá tomar la junta directiva de la Caja.
“A pesar que la Corte se ha opuesto al proyecto, yo esperaría que aquí en el Congreso se le dé un apoyo unánime y se pueda votar pronto en primer y segundo debate”, agregó Piszk.
Semanas atrás la diputada Marcela Guerrero denunció que el quinto insumo del estudio actuarial elaborado por la Universidad de Costa Rica a pedido del Poder Judicial estaba viciado, ya que este incluía estos recursos como recursos de la Corte.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 14 Junio, 2017
HORA: 12:00 AM
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