Una demanda por ¢700 millones presentada al Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente No.16-003275-1027-CA pretende acabar con entrabamientos burocráticos en el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) porque según la empresa demandante, Viviendas y Proyectos, le ha afectado el desarrollo de proyectos urbanísticos de interés social, ocasionándole pérdidas millonarias.
Diez compañías más también denunciaron las anomalías señaladas.
Según la denuncia y la versión de desarrolladores contactados por DIARIO EXTRA, una serie de entrabamientos por parte de mandos medios del Banhvi ha paralizado desarrollos importantes en todo el pais, pese a que cuentan con los permisos municipales, del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos y otras instituciones,
Los desarrolladores afectados y los demandantes aseguran que el departamento legal de del Banhvi es quien más se ha empeñado en paralizar los proyectos que dejan sin opción de vivienda a decenas de familias necesitadas.
“Tuve hace dos años problemas con un proyecto desarrollado en la zona de Pocosol, era de interés social de llave en mano. No se podía vender al Banhvi porque cuando se dio el problema con el asesor legal se presentaba el proyecto como inhabilitado”, manifestó Johnny Solís, desarrollador de proyectos de vivienda en San Carlos.
Para este desarrollador que se atrevió a hablar del caso es difícil comprender la posición de la institución.
“No he logrado entender cuál es la posición del Banhvi o de las entidades, creo que hay una duplicidad de funciones que entraba el asunto. Por ejemplo, el Banhvi cuenta con unidad técnica y las entidades también. Un proyecto no puede llegar al Banhvi si no ha pasado y ha sido aprobado por las unidades técnicas del banco y las entidades”, agregó.
BANHVI PROHÍBE CUESTIONAR PERMISOS
La junta directiva del Banhvi compartió el 8 de mayo una circular donde prohíben a los diferentes departamentos de la institución cuestionar cualquier permiso de otras entidades.
“Se acordó prohibir que las oficinas de esa institución cuestionen o revisen los permisos o las autorizaciones emitidas por otras instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, las municipalidades y los ministerios, entre otros.
El acuerdo señaló que se debe respetar el artículo 3 de la Ley 8220, que prohíbe poner en tela de duda los permisos o las autorizaciones firmes emitidas por otras entidades”, señala el acuerdo de la sesión No.11-2017 de febrero.
De acuerdo con el Tribunal Contencioso Administrativo, la millonaria demanda camina y está en etapa de análisis de las pruebas.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Viernes 26 Mayo, 2017
HORA: 12:00 AM
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