Una carta suscrita por el diputado Ottón Solís del Partido de Acción Ciudadana (PAC) pide a los magistrados de la Sala IV resolver un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos funcionarios judiciales contra dos acuerdos que crearon un nuevo incentivo salarial que benefició a 46 puestos de la institución.
La nota del legislador critica las dos decisiones tomadas en el año 2008-2010 que crearon un nuevo plus denominado “Índice de alta gerencia” y que implicó un incremento de hasta un 57,57% por ejemplo, en el puesto de director del Organismo de Investigación Judicial, ¢434.000 en números absolutos.
Según Solís, la decisión de la Corte Plena “no habla bien de la probidad de magistrados, que, en el pequeñísimo lapso de dos años, aumentaron sustancialmente los salarios de cuarenta y seis funcionarios judiciales incluyendo los suyos propios y de otros del Tribunal Supremo de Elecciones”.
La misiva del diputado del PAC menciona que desde el año 2004, es decir mucho antes de que se dictaran los dos acuerdos, ya estaba vigente la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que en sus artículos 45 y 48 enuncia como delitos los de "enriquecimiento ilícito" y "legislación o administración en provecho propio. Por lo anterior, respetuosamente, les insto a resolver, guiados por los intereses del país, por los estándares éticos exigidos por la ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y demandados por la población. No consoliden la corrupción de sus colegas. Resuelvan entonces favorablemente la acción de inconstitucionalidad presentada por los jueces Arce Meneses y Elizondo Almeida”, subraya la nota enviada por el legislador el pasado 12 de mayo.
Oposición al plus
Una nota enviada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), de junio del 2008, cuestionó fijar salarios base más elevados a funcionarios administrativos por su supuesta labor gerencial en vez de para quienes ejercen la función jurisdiccional y para muchos de los auxiliares que tienen labores no sólo complejas, sino también con un enorme riesgo.
Por lo anterior calificó como absurdo que un Juez 4 tuviera un salario base inferior a todos los funcionarios incluidos en la escala salarial privilegiada, entre ellos el sector gerencial. “Por lo anterior, nos oponemos a este ajuste salarial, el que consideramos, de acuerdo con los montos proyectados, exorbitante para los sectores administrativos del Poder Judicial”, subraya la nota firmada por el presidente de Acojud, en ese momento Abel Jiménez.
Dentro de los alegatos de Asociación se señala que, de aprobarse los beneficios contemplados en el acuerdo del 2008, se trascendía los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, pues estarían otorgándose para sí dichos beneficios.
Además, estimaban que lo anterior podría traer otras consecuencias en el marco de la normativa concerniente a los límites de los beneficios económicos que los funcionarios públicos pueden acordarse directamente para sí, lo cual debe ser analizado con detenimiento para evitar cualquier transgresión, admite la organización.
Un informe de la Comisión de relaciones Laborales del Poder Judicial sostiene que el estudio “Informe para la definición del estrato general en el Poder Judicial y su correcta ubicación salarial” carece de objetividad y rigor técnico y que la propuesta contrasta con las disposiciones y principios de la Ley de Salarios del Poder Judicial.
Dicha comisión recomendó “Que la Corte Plena no apruebe el “informe para la definición del estrato gerencial en el Poder Judicial y su correcta ubicación salarial”. Además, argumenta que los incrementos que puedan acordarse a favor de todos los servidores judiciales deben ser justos, equitativos y estar a la altura de las responsabilidades y funciones propias del cargo.
A pesar de las oposiciones el índice de gerencial fue aprobado en el 2008 por un grupo de 11 magistrados, el resto que votó negativo no interpusieron ninguna acción legal o judicial contra la legalidad del acuerdo y se beneficiaron del mismo a partir de setiembre del 2008, cuando se aplicó el nuevo plus salarial.
La acción de inconstitucional presentada el pasado 21 de abril solicita que los magistrados Ernesto Jinesta, Fernando Cruz y José Paulino Hernández así como los restantes magistrados de la Sala IV sean apartados del conocimiento de esta acción por haber sido beneficiados económicamente de los acuerdos.
Votaron a favor (Nuevo plus salarial)
Luis Paulino Mora (fallecido)
Guillermo Rivas
Román Solís
Oscar González (Despedido)
Julia Varela
Alfonso Chaves (Pensionado)
Magda Pereira (Pensionada)
Carlos Chinchilla
Ana Virginia Calzada (Pensionada)
Adrián Vargas (Pensionado)
Ernesto Jinesta, (Presidente de Sala Constitucional)
Votaron en contra, pero lo recibieron
Carmen Escoto
Orlando Aguirre
Zarella Villanueva
José Manuel Arroyo
Rolando Vega Robert (Pensionado)
Jesús Ramírez
Fernando Cruz
Fuente: Actas PJ
