Los diputados aprobaron realizar hoy una sesión extraordinaria con la que pretenden aprobar, en segundo debate legislativo, el expediente 19.551, una reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo,
El gobierno ha corrido porque que estas modificaciones se conviertan en Ley de la República con el fin de evitar que el país entre en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
No obstante, su aprobación se teje en medio de una verdadera discordia entre abogados y el presidente de su colegio, el juez Froylan Alvarado, a quien se acusa de actuar de forma negligente y no defender a sus colegas.
El defensor Diddier Carranza denuncia, junto a un grupo de abogados, que desde agosto del 2016 la Comisión Permanente Especial de Seguridad le solicitó a Alvarado externar la posición del colegio y otorgó un plazo de ocho días hábiles.
“Froylán nos vendió, desde el 12 de agosto del 2016 la Comisión legislativa le dio audiencia para que se pronunciara sobre este proyecto de ley y no lo hizo. Dejó pasar el tiempo y luego se viene a la Asamblea haciendo show y así lo publica. Dice que defendió al gremio pero no vendió a los mega bufetes y mañana (hoy) se aprueba la ley que nos afecta como notarios. Hagan sus propias conclusiones en manos de quién estamos” criticó con dureza.
De entrar en vigencia la nueva ley, -asegura- tanto ellos como sus familias estarán en peligro “por tener que ver con narcotráfico y lavado de dinero”.
Entre las consecuencias puntualizó:
“Definitivamente es un atentado a la profesión de los notarios y de los abogados. Nos están obligando en ese proyecto a ser policías fiscales, investigadores de narcotráfico y de lavado a la hora de hacer cualquier instrumento notarial. Inclusive para hacer el traspaso de un vehículo necesitamos nosotros ir a indagar de dónde viene el dinero del comprador y del vendedor, inclusive verificar la situación económica estableciendo sanciones inclusive a los notarios.
El Colegio prácticamente entregó a los profesionales, tanto abogados como notarios, a hacer la fiscalización que conlleva, o sea sería muy oneroso de nuestra parte tener que hacer este tipo de cosas. Nosotros no somos policías, no tenemos preparación adecuada para poder hacer investigaciones que ahí se están pidiendo”.
Incluso hizo un llamado a los diputados, quienes ejercerán como abogados al culminar su periodo legislativo a considerar los efectos de su voto.
DIARIO EXTRA consultó al presidente Froylán Alvarado, quien asegura que las críticas vienen de un sector de abogados que se han dedicado a atacar la gestión.
A pesar de que existe la carta en la que la Comisión le solicitó la posición desde el año pasado, alegó que no lo recuerda.
“A nosotros nunca se nos comunicó, o al menos no recuerdo que se nos haya comunicado absolutamente nada, e igual no servía de nada porque la semana pasada hubo un texto sustitutivo. Ese texto que se pudo haber tenido el año pasado quedaba sin efecto.
Nosotros tuvimos conocimiento de este texto sustitutivo la semana pasada, que fue cuando se nos convocó y se nos convocó porque nosotros inclusive habíamos hecho una gestión a la Asamblea Legislativa indicándole que a nosotros no nos habían dado ninguna audiencia en ese aspecto” justificó.
En su defensa además señala que el texto sustitutivo, gracias a la gestión del Colegio, contiene reformas que protegen al gremio.
“Obviamente este es un proyecto que afecta a muchas esferas desde todo punto de vista, no solo notarios y abogados, sino contadores, y a profesionales que trabajan en el ejercicio de esta profesión. Nosotros hicimos unas observaciones bastante importantes que fueron acogidas para la parte sustitutiva. En la cual se estableció claramente cuáles eran las personas que iban a tener que tener diferentes funciones y logramos que esas funciones, que estaban un poco confusas en cuanto a los abogados y notarios, se aclararan porque básicamente quien tiene que cumplir con los mandatos específicos de esta Ley de Estupefacientes son las personas que administran bienes de terceros, no los abogados que ejercen liberalmente su profesión. Si una persona va a hacer un traspaso de un carro o casa no tiene que cumplir con las obligaciones que está solicitando esta ley, sino si usted como abogado administra bienes de terceros que es una figura diferente, pues ahí tendrá que cumplir con mandatos de la ley.
El Colegio de Abogados, gracias a la gestión que hicimos, hizo que en cuanto a los traspasos y a las figuras que establece la ley se estableciera que el origen de los bienes fuera una declaración jurada firmada por el cliente, porque iba a obligar al abogado o notario a buscar esta información. Logramos de que no, porque evidentemente es imposible para el abogado; logramos que se respetara el deber de confidencialidad, el derecho profesional, que se establecieran las multas de acuerdo a una tabla, no antojadizamente, porque se quería de 600 salarios base, que es más de 100 millones de colones” detalló.
Sin embargo, Carranza insiste en que los efectos nocivos persisten y aseguró que se debe solicitar a la Fiscalía y a la Junta Directiva sentar las responsabilidades con este caso.
Yolanda Bertozzi
Abogada
“Este proyecto deja al gremio indefenso. Se va a desatar una cacería de brujas contra los notarios, no hay capacitación y mediante directrices no se puede hacer funcionar una ley tan compleja como la que se está aprobando. Porque los notarios no somos ni una policía fiscal ni una policía antiterrorista, se extralimita la función notarial. Esto es solo para obligar al notario pequeño a cerrar y que se queden con todo los mega bufetes”.
Carlos Loría
Abogado
“El problema principal es en los cambios o las disposiciones que afectan directamente a los notarios y la Junta Directiva del Colegio de Abogados está compuesta por funcionarios del poder judicial que no ejercen el notariado. Esta junta está totalmente ajena a los problemas de los notarios, lo que implica desconocimiento de la función y una cierta indolencia de que no les importa lo que ocurra con los notarios. No tiene conciencia de la función notarial por lo que no han desplegado ninguna defensa del gremio en ese sentido, sorprendiendo a los colegas que se verán involucrados en una serie de funciones impuestas por la ley casi de policías y hasta de peligro para sus familias”.
