Libertad de expresión para los privados de libertad

José Lacayo Alvarado*

El miércoles 8 de julio de 2015, se presentó formalmente a la nueva ministra de Justicia y Paz, licenciada María Cecilia Sánchez, quien, en una entrevista realizada por DIARIO EXTRA, indicó que primeramente se reconoce que los Derechos Humanos de los privados de libertad se están violentando, esto como título de la entrevista ya mencionada. En esta entrevista se le realizaron ocho preguntas básicas, de las que interesa solo una, que tomaré para analizar el tema.

“¿Cuáles serán sus prioridades al asumir Justicia y Paz?”.

En la primera de fondo usted responde: “Para nadie es un secreto que en el sistema judicial se está produciendo una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, esto ha sido puesto al descubierto por los jueces de ejecución y por las decisiones de la Sala Constitucional; confirmado por los periodistas donde nos encontramos a muchos privados de libertad, pero que siguen conservando el resto de los derechos” (DIARIO EXTRA, 2015).

Considerando:

Esta declaración aparte de que reconoce que a los privados de libertad se les violenta los derechos humanos, también reconoce que los privados de libertad solo “están privados de la libertad, pero siguen conservando el resto de los derechos”. Entre estos derechos que conservan los privados de libertad está la libre expresión, derecho que es lesionado y violentado por el sistema penitenciario en instituciones del Estado. Por ejemplo: la única forma de comunicarse muchas veces los privados de libertad es por medio de cartas o escritos y es paradójicamente cuando todos los funcionarios vienen a los ámbitos para revisar los dormitorios y escuchar algunas quejas, sin embargo, aún de este modo no ha sido efectivo, porque el documento está necesitando el privado de libertad, como, por ejemplo: ficha de cómputo, atención médica, documentación jurídica, entre otros. No llega a los privados por otro lado la documentación por un escrito como una apelación o queja, en muchos de los casos los mismos funcionarios técnicos censuran la libre comunicación de los privados de libertad por apelar un derecho a instancias públicas.

Se da el caso también que las instituciones públicas no responden las llamadas de los teléfonos públicos ubicados en los ámbitos carcelarios por cuanto escuchan a la operadora de estos teléfonos: “Esa es una llamada de la cárcel…”.

Y cuando llama el privado de libertad a la línea gratuita de la Defensoría de los Habitantes, o no responden o simplemente no les interesa, a los extremos, parecieran en muchas ocasiones enemigos de los privados de libertad, se asustan o se sienten indiferentes ante los reclusos. Muchas veces, por expresarse los privados de libertad, es claro que se les violentan sus derechos.

*Privado de libertad

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Miércoles 26 Abril, 2017

HORA: 12:00 AM