Si Costa Rica quisiera hoy exportar pescado dorado, tendría problemas para la venta, debido a que figura en el mundo como un país no cooperante en materia ambiental, cuando se trata de la captura de esa especie.
Esto es parte de lo que planea eliminar la plataforma de diálogo pesquero que dio inicio ayer y reúne a pescadores, industria, comercio y gobierno.
Kifah Sasa, oficial del Programa de Desarrollo Sostenible y Residencial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que en el país todavía falta trabajo por hacer cuando se trata de pesquería no costera.
La idea de la plataforma es establecer un acercamiento entre las partes y metas alcanzables.
Seafood Watch es solo una de las organizaciones que no recomiendan al mercado internacional comprar ciertos tipos de pescado provenientes de Costa Rica.
“El cambio de luz roja a verde no se cambia solo con una política pública, sino con una mejora sistemática en la actividad pesquera y acciones de manera conjunta y donde todos los socios participe y se pongan de acuerdo”, explicó Sasa.
Agregó que la meta la van a definir los participantes, y que se trazará un plan quincenal. Lo primero es pasar del rojo al naranja.
El dorado y el atún son solo dos de los ejemplos de tipos de pescado que hoy atraviesan por esa situación.
Otro tema señalado a manera de ejemplo es la certificación, pues se cree que solo los pescadores son los responsables de la misma. De igual modo, se tocarán la entrega de incentivos y la fiscalización.
Uno de los presentes en la actividad fue Mauricio González, de la Cámara de Palangre. Este manifestó que por más de cuatro años han buscado una organización internacional que sirva de árbitro porque el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), no escucha al sector.
“Sentimos que el sector está raptado por lo ambiental, aunque hemos trabajado responsablemente”, indicó.
Habló de prácticamente un cierre técnico en setiembre de la actividad palangrera, debido a la falta de acuerdos. Asegura que han propuesto soluciones para el caso del tiburón gris y martillo, pero no han encontrado un aval.
De afectarse esta actividad, serían 400 embarcaciones y dos mil trabajadores ligados a la pesca de palangre los afectados.
“Nuestro sector se encuentra al borde de un cierre por motivos de rentabilidad. Nos sentimos decepcionados que el gobierno sea permisivo en que las ONG secuestren los temas ambientales relacionados con el sector pesquero y esa es una responsabilidad del Ministerio de Ambiente”, recalcó González.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Martes 25 Abril, 2017
HORA: 12:00 AM
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