¡Las ASADAS no pueden más!
Freddy Pacheco León*
Las 1.500 ASADAS (acueductos rurales), que abastecen a más de un millón y medio de personas, ya no soportan más obstáculos. ¡Ya no pueden más! Son el mejor ejemplo de trabajo comunal, de entrega voluntaria por garantizar el acceso al agua a sus comunidades, cuya función no es posible sustituir por municipalidades o el AyA, principalmente, pero pareciere que no se les reconoce.
La situación financiera de la gran mayoría de ellas es sumamente precaria, el AyA las desdeña, y solo cuando se presentan problemas se acerca a ellas. Trabajan literalmente “con las uñas”, muchas veces agobiadas, cual si fueren entes públicos. Merecen ser apoyadas, fortalecidas, comprendidas, acompañadas, valoradas, pero malos vientos les anuncian todo lo contrario. ¡Veamos!
Resulta que en el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” (expediente Nº 20.212), presentado en la Navidad pasada por los diputados Juan Marín, Antonio Álvarez y otros, se incluyen propuestas que a muchas de ellas les haría imposible cumplir con sus deberes.
En tres artículos se resume ese maltrato que esperamos pueda conocerse al interior de las ASADAS amigas. Junto al artículo 62 que las obliga como “personas jurídicas” a obtener una concesión para aprovechar el recurso hídrico, en los artículos 110 y 111 se les obliga, ¡primera vez por ley!, a pagar “el canon del recurso hídrico”. A pagar una tarifa por el agua que les es concesionada, que sería determinado y recaudado por el ávido de dinero Ministerio de Ambiente, que sustituiría a la Aresep en esa función, y que, por tanto, quedaría a la acción caprichosa del funcionario a cargo de un director de aguas del Minae.
Pago que, como un “instrumento económico”, “se calculará según el volumen o caudal del recurso hídrico, superficial o subterráneo”, que es precisamente el sustento fundamental de las ASADAS.
Es injusto, pues, que se proponga resolver los problemas de gestión institucional del Minae y el AyA estableciendo cargas financieras extraordinarias que evidencian un desleal maltrato, de parte de quienes, paradójicamente, tienen que velar por su buen funcionamiento.
Creemos que esa “factura”, producto de una sostenida mala gestión administrativa, no debe cargársele, ¡jamás!, a las organizaciones de acueductos rurales, a quienes, ¡y ellas son los mejores testigos!, las autoridades de ambos entes (AyA y Minae) les han ocultado lo que se esconde en ese nuevo proyecto de ley, que insistentemente quieren aprobar, para sustituir la magnífica Ley de Aguas que, siendo un legado valioso del Dr. Calderón Guardia, ha sido actualizada sustancialmente a través del tiempo.
Cada vez más los habitantes de Costa Rica comprenden que el agua tiene más valor que cualquier recurso natural no renovable, como el petróleo, por lo que los costarricenses tenemos el deber de defender el agua como bien social, accesible en calidad y cantidad suficientes para todos.
Así que, en lugar de desestimular a las decenas de miles de personas que se esfuerzan por mantener en función las ASADAS, maltratándolas de esta manera, el gobierno de la República ha de tomar acciones urgentes con el objetivo de fortalecerlas. Si se les obstaculiza su función insustituible, ese malestar podría traducirse en una crisis profunda en el abastecimiento de agua potable, que podría tener consecuencias que el Estado, sin la participación de ellas, quizá no podría resolver.
*Biólogo ([email protected]).
