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Opinión

Inconcebible maltrato a las ASADAS

Freddy Pacheco León*

Existen en Costa Rica unas 1.500 Asadas (acueductos rurales) que, mediante contratos de concesión del vital bien público, abastecen a más de un millón y medio de personas. Son el mejor ejemplo de trabajo comunal, de entrega voluntaria por garantizar el acceso al agua a sus comunidades, cuya función no es posible sustituir por municipalidades o el AyA, principalmente.

Pese a la trascendencia de su función, la situación financiera de la gran mayoría de ellas es sumamente precaria, pues aunque el AyA tiene el deber de acompañarlas en su labor, por lo general solo lo hace excepcionalmente cuando se presentan problemas. Trabajan literalmente “con las uñas”, muchas veces agobiadas por cumplirle a los vecinos que les confían sus gestiones, cual si fueren entes públicos. Merecen ser apoyadas, fortalecidas, comprendidas, acompañadas, valoradas, pero malos vientos les anuncian todo lo contrario. ¡Veamos! 

Resulta que en el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” (expediente Nº 20.212) presentado en la Navidad pasada por los diputados Juan Marín, Antonio Álvarez y otros, se incluyen propuestas que a muchas de ellas les haría imposible cumplir con sus deberes.

En tres artículos se resume ese maltrato que esperamos puedan conocerse al interior de las Asadas amigas. Junto al artículo 62 que las obliga como “personas jurídicas” a obtener una concesión para aprovechar el recurso hídrico, en los artículos 110 y 111 se les obliga, ¡primera vez por ley!, a pagar “el canon del recurso hídrico”. A pagar una tarifa por el agua que les es concesionada, que sería determinado y recaudado por el ávido de dinero Ministerio de Ambiente, que sustituiría a la Aresep en esa función y que, por tanto, quedaría a la acción caprichosa del funcionario a cargo de un director de aguas del Minae.

Pago que cubriría el valor que ellos determinarían para sí mismos, como un “instrumento económico” que “se calculará según el volumen o caudal del recurso hídrico, superficial o subterráneo”, que es precisamente el sustento fundamental de las Asadas.

Es reconocido ampliamente que tanto el AyA como la Dirección de Aguas del Minae han venido presentando problemas en el manejo de sus finanzas y el cumplimiento de sus funciones, situación que es independiente de las Asadas que, con presupuestos muchísimo menores, abastecen de agua potable a casi dos millones de habitantes.  Es injusto pues, que se proponga resolver los problemas de gestión institucional de esos dos entes, estableciendo cargas financieras extraordinarias que evidencian un desleal maltrato, de parte de quienes, paradójicamente, tienen que velar por su buen funcionamiento.

Creemos que esa “factura”, producto de una sostenida mala gestión administrativa no debe cargársele, ¡jamás!, a las organizaciones de acueductos rurales, a quienes, ¡y ellas son los mejores testigos!, las autoridades de ambos entes (AyA y Minae) les han ocultado lo que se esconde en ese nuevo proyecto de ley, que insistentemente quieren aprobar, para sustituir la magnífica Ley de Aguas que siendo un legado valioso del Dr. Calderón Guardia, ha sido actualizada sustancialmente a través del tiempo. 

Como cada vez más los habitantes de Costa Rica comprenden que el agua tiene más valor que cualquier recurso natural no renovable, como el petróleo, por lo que los costarricenses tenemos el deber de defender el agua como bien social, accesible en calidad y cantidad suficientes para todos. Así que, en lugar de desestimular a las decenas de miles de personas que se esfuerzan por mantener en función las Asadas, maltratándolas de esta manera, el Gobierno de la República ha de tomar acciones urgentes con el objetivo de fortalecerlas. Si se les obstaculiza su función insustituible, ese malestar podría traducirse en una crisis profunda en el abastecimiento de agua potable, que podría tener consecuencias que el Estado, sin la participación de ellas, quizá no podría resolver. 

 

*Doctor en Ciencias Biológicas

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Viernes 21 Abril, 2017

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