No fueron unos cuantos días, ni semanas, tampoco un mes. Fueron 50 días los que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se tardó en ordenar una investigación contra Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, luego de que la Auditoría Interna le advirtiera que podría estar cobrando un 65% de más en su salario, sin cumplir los requisitos.
A pesar de que desde el año anterior el tema de los pluses salariales y su legalidad para que sean reconocidos a algunos funcionarios del gabinete era cuestionado, Alfaro decidió abrir el proceso administrativo contra Zúñiga el 20 de enero, a pesar de que la Auditoría hizo la recomendación el 1 de diciembre de 2016.
Pese a que todos los martes el jerarca es el vocero en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este martes Alfaro no bajó al auditorio de la Presidencia a dar explicaciones. La versión del Ejecutivo la ofreció Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, a quien también se cuestiona por aparentemente haber recibido ese pago sin contar con los requisitos.
Según Herrera, varios factores pesaron para que el jerarca se tomara ese tiempo, entre ellos el receso de fin de año y la atención de la emergencia por el huracán Otto. Además aseguró que el expediente del caso era de 300 páginas y debía estudiarse en detalle.
“Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo estuvo en medio el receso de fin y principio de año, están fines de semana y también que la dirección jurídica estaba trabajando en muchos asuntos relacionados en el tema del huracán (Otto)”, expresó Herrera.
Para cuando se inició con la investigación, Zúñiga ya tenía 31 meses de estar cobrando el 65% de la prohibición, lo que representa alrededor de ¢800 mil adicionales por mes. Esto a pesar de no tener el título de licenciada en Derecho ni estar inscrita en el Colegio Abogados.
La Contraloría General de la República fue quien ordenó a la Auditoría Interna del Ministerio de Presidencia realizar la investigación con el objetivo de determinar si Zúñiga y otros funcionarios de la Presidencia cumplían con los requisitos respectivos.
La contralora Marta Acosta considera que no hay ninguna ley, ni interpretación legal, ni mezcla de normativas que le permita a un jerarca del gobierno cobrar el incentivo por prohibición si carece del título profesional y la colegiatura, en el caso de que esta última sea obligatoria para ejercer su profesión.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Miércoles 22 Marzo, 2017
HORA: 12:00 AM
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