Oficialmente, el Ministerio de Justicia dio inicio al programa de dispositivos electrónicos para 270 personas con causa penal. Durante este lunes, siete hombres y una mujer recibieron una tobillera para ser monitoreados por funcionarios de la institución.
Un equipo de 16 policías y siete funcionarios técnicos y profesionales -tales como abogados, orientadores, psicólogos y trabajadores sociales- se encarga de dar seguimiento a esas personas.
De los ocho usuarios, tres se colocaron el dispositivo este lunes y otros cinco ya lo portaban desde la semana anterior. Se trata de privados de libertad que descuentan penas de hasta seis años por delitos no violentos y que no han cometido faltas previamente.
Justicia confirmó que el costo total del arranque de estos 270 brazaletes es de aproximadamente ¢870 millones.
Los dispositivos forman parte del ofrecimiento expuesto por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), con la cual existe la modalidad de entrega según demanda, en otras palabras, conforme los jueces vayan enviando personas, se deberán suministrar dispositivos electrónicos hasta tanto exista presupuesto suficiente.
“Los jueces son los que van a imponer estos mecanismos de seguimiento electrónico. Nosotros hemos generado diálogos permanentes con el MP, DP y Judicatura para poder conversar cómo es que funciona”, señaló el viceministro de Justicia Marco Feoli.
Justicia reiteró que, pese al funcionamiento exitoso de los brazaletes, por ahora esta medida no impactará en gran forma el hacinamiento carcelario que tanto ha manchado a la institución en los últimos años.
