El país está a un paso de contar con un marco legal para echar mano de la figura del fideicomiso para el desarrollo de obra pública. Los diputados aprobaron en primer debate legislativo el proyecto de “Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de Transporte Mediante Fideicomiso”.
Dicha iniciativa se basa en la ley aprobada para el desarrollo de la carretera a San Ramón y pretende que de forma generalizada -y no para un proyecto en particular- se le autorice al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) construir mediante este sistema.
La nueva legislación permitiría tomar recursos ya sea por entidades nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, donde se puede considerar como garantía “flujos de ingresos futuros, arrendamientos de espacios comerciales y cualquier otro ingreso originado en la operación de estas obras de infraestructura”, informó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El socialcristiano Humberto Vargas resalta que “con esta ley se pretenden procesos más agiles en cuanto a la actividad contractual, la viabilidad ambiental y la relocalización de los servicios públicos, todo lo cual contribuye significativamente a facilitar la consecución del financiamiento y por ende el propósito de los fideicomisos”.
Como parte de las reformas se obligaría a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena), al Ministerio de Ambiente (Minae) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a priorizar trámites referentes al fideicomiso.
En diciembre del 2016, la contralora general de la República, Marta Acosta, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde alertó sobre el manejo de fideicomisos de obra pública.
Advirtió que se detectaba un incremento en el uso de esta figura, generando altos niveles de endeudamiento.
En ese momento señaló: “La Contraloría entiende que el fideicomiso es una herramienta útil para la gestión pública, lo que estamos diciendo es que se debe tener mucho cuidado, hay que planificar muy bien, esto tiene costos de fiducia, de endeudamiento”.
La contralora los llamó “costos ocultos”, por lo que recomendó planificar muy bien las obras que se elijan, pues no es una herramienta solo para flexibilizar la gestión, que, si bien puede ser así, también tiene costos altos”.
