¿De quién sería la idea?
Marcela Chacón
El viernes pasado amanecimos con noticia de primera página en todos los periódicos: la Junta Directiva de la CCSS tomó la decisión de aumentar el aporte al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de 2.84% a 3.84% a partir del próximo 1 de junio, así, sin anestesia y sin aviso, dejándonos a todos pasmados de asombro ante el impacto que semejante acuerdo tendría en los bolsillos de los asegurados. Entiéndase bien que no estoy en contra de reforzar el sistema de pensiones de la Caja y que soy consciente de que la UCR y otras entidades serias han realizado estudios y proyecciones, cuyos resultados coinciden en la necesidad de aumentar de forma gradual el porcentaje de los aportes que todos hacemos para darle sostenibilidad al régimen. Pero de allí a que salgan con una medida “in extremis” como la que se pretende hay un abismo de distancia.
Y es que las cosas deben seguir un orden lógico y en el caso que nos ocupa debió iniciarse con implementar gestiones administrativas, así como reformas a nivel interno adecuadas que permitan un sistema de recaudación eficiente de las contribuciones que miles de actores adeudan a la Caja, un proceso de consultas con los distintos sectores hasta alcanzar un consenso nacional relativo al porcentaje con que el trabajador deberá contribuir al régimen en cuestión y, por último, la discusión de un plan escalonado acerca de la edad de jubilación, dejando de lado la peligrosa ocurrencia de pasar de golpe a los 65 o 70 años que se pretende, con lo cual el primer depósito de la pensión más o menos coincidiría con la contratación del réquiem respectivo.
Es interesante observar que en esta oportunidad el gobierno central representado por el Ministro de la Presidencia criticó fuertemente la decisión tomada por la Junta Directiva por la falta de un proceso de consulta previo, que al igual que la UNDECA, consideró necesario previo a sentarse a tomar la decisión; por su parte, la Cámara de Comercio pegó el grito al cielo inmediatamente ante el desorden imperante en la Caja, que debería solventarse antes de pensar en este tipo de afectación, debido al impacto directo que la medida tendría en el aumento del mercado informal en el país. Ante estas posiciones, válidas y apabullantes, me pregunto hasta dónde podrá llegar la autonomía de la CCSS. El asunto alcanza niveles tan preocupantes para los distintos sectores, que incluso la ANEP y el Movimiento Libertario van sentados de la mano en el mismo vagón… sin lugar a dudas, algunas ocurrencias hacen que se den cosas impensables.
Tocará ahora que la Junta Directiva de la Caja eche marcha atrás y que replantee este asunto mediante una estrategia que sea de recibo para todos los afectados. Jalada de orejas para estos señores.
