El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hace pública su molestia con la distribución que se les dará a los fondos que se generen al reactivar el cobro del impuesto a las sociedades, el cual fue declarado inconstitucional en 2015.
Tras sumar días en una discusión bajo el mecanismo de trámite rápido, establecido por el artículo 208 bis del reglamento legislativo, los diputados someterían a votación esta semana el proyecto de ley con que se establece de nuevo el tributo, lo harían justamente antes de irse a disfrutar su receso de fin y principio de año.
Para el PUSC es un error destinar el 90% de lo recaudado al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y minimizar plata para temas carcelarios.
“Prácticamente ignoran al Ministerio de Justicia, el cual tiene una verdadera emergencia en las cárceles, pues tiene un 42% de hacinamiento carcelario, en este sentido es importante recordar que esta situación es violatoria de los derechos humanos”, sostuvo el jefe de fracción, Gerardo Vargas.
Al Ministerio de Justicia solo le corresponderá un 5% del dinero. Según las proyecciones, se podría recaudar un promedio de ¢42.906 millones con el pago de 559.506 sociedades.
“Estamos claros que la cárcel no resuelve el problema, la cárcel es solo una consecuencia del delito, pero esa consecuencia no se puede obviar solo por falta de espacios carcelarios, como ha ocurrido en los casos de cerca de 6 mil privados de libertad que han sido liberados en la administración Solís Rivera”, critica el diputado.
De aprobarse el proyecto de ley, el tributo cambiará la forma de cobro, ahora será de manera escalonada. Es decir, una sociedad inactiva pagaría un 15% sobre el salario base, que en promedio considerando el de 2016 en ¢424.200 sería ¢63.630; si el monto de ingreso bruto de la sociedad va entre los 0 y 120 salarios base pagaría ¢106.050, es decir un 25%; entre 120 y 280 sueldos cancelaría un 30%, entiéndase ¢127.260; y si supera los 280 salarios base, responde a un 50%, o sea ¢212 mil.
Anteriormente el impuesto se cobraba bajo un único monto, las inactivas pagaban ¢94.850 y las activas ¢189.700.
El diputado Otto Guevara, principal opositor al impuesto, ha anunciado que una vez que se apruebe en primer debate legislativo, presentará una consulta ante la Sala Constitucional, alegando vicios en el trámite de aprobación y desproporcionalidad en los montos establecidos.
