El Derecho a la Intimidad y la Administración Tributaria

Opinión del abogado Marcelo Guevara

En días recientes, Diario Extra informaba sobre la Resolución de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), que habilita al Ministerio de Hacienda a acceder a los datos de los clientes de las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, televisión por cable e internet (“Hacienda accederá datos de clientes de cableras, internet y telefonías”, Diario Extra, martes 4 de octubre de 2016). Cuando dicha noticia fue difundida en redes sociales, fueron múltiples los comentarios de los lectores y muchos de ellos se sintetizan en la siguiente pregunta: ¿Por qué mi información privada va a ser entregada a Hacienda sin mi consentimiento?

El cuestionamiento de los lectores de Diario Extra es totalmente comprensible y encuentra respaldo jurídico. Precisamente, el artículo 24 de nuestra Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a la intimidad. Asimismo, a nivel legal, la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales contiene un especial desarrollo del derecho de todas las personas de decidir quién puede tener acceso a nuestros datos personales. Inclusive, respecto a la información de los clientes que ostentan las empresas de telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones establece en su artículo 42 la obligación de los operadores y proveedores de telecomunicaciones de “garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de carácter personal de los abonados y usuarios finales, mediante la implementación de los sistemas y las medidas técnicas y administrativas necesarias. (…)”.

Bajo dicho marco normativo, la Resolución de la PRODHAB resulta sorpresiva, en el entendido que entre los objetivos de dicha oficina pública está el “salvaguardar la vida o actividad privada de las personas”. Esto porque resulta incuestionable que la dignidad humana de una persona guarda especial relación con el nivel de intimidad y reserva que pueda tener de su información personal.

Lo que no resulta sorpresivo es el afán del Ministerio de Hacienda de contar con información masiva y detallada de los ciudadanos. Por ejemplo, la aprobación en primer debate de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (hoy en consulta de constitucionalidad) fue celebrada por muchos sectores y vista como un paso muy importante para las autoridades tributarias; sin embargo, al analizar el contenido de ley nos podemos dar cuenta que constituye un retroceso en el derecho a la intimidad de las personas al garantizarle a Hacienda el acceso a un sinnúmero de información, sin que se establezca un fuerte régimen sancionatorio por la divulgación de dichos datos por parte de los funcionarios. No hace mucho tiempo, en las oficinas de la Administración Tributaria hubo un caso de fuga de información de un contribuyente. Sin olvidar el caso de espionaje por parte de funcionarios del OIJ al futbolista Keylor Navas. Estos son indicios que, en manos del Estado, nuestra información personal no está del todo a salvo.

Frente a esta “cruzada” de las autoridades tributarias para acumular información personal de los ciudadanos, aún sin estar en un procedimiento de fiscalización, nos queda estar alerta y ejercitar nuestros derechos constitucionales ante los tribunales de justicia, a cuyos jueces les corresponderá definir hasta donde puede ceder el derecho constitucional de intimidad frente a los intereses del Gobierno de turno.

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Lunes 24 Octubre, 2016

HORA: 01:45 PM

CRÉDITOS: Marcelo Guevara, abogado