Un fallo que reivindica la verdad
Gloria Bejarano Almada
Como es del conocimiento de ustedes, en fecha reciente se publicó en los medios una noticia que captó la atención de unos, alegró a otros, disgustó algunos más y muchos pasaron por alto. El Tribunal Penal de Apelaciones, absolvió de responsabilidad a un grupo de ciudadanos ante los que se había interpuesto una acción civil resarcitoria por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social.
El fallo es importante no solo porque por segunda vez son exonerados sino por la razón en que se fundamenta la resolución. Durante el sonado juicio Caja-Fischel se repitió hasta la saciedad que había existido un sobreprecio al momento de adquirir los bienes y por tanto la institución había sufrido un daño en su patrimonio. Esto provocó la indignación del pueblo que reconoce en la Caja a una de sus instituciones más queridas.
Tras varios años de estudio, la misma Presidencia Ejecutiva de la institución, con base en los documentos investigados, determinó que nunca existió el sobreprecio alegado por la fiscalía, y que la Caja no sufrió daño en su patrimonio, por tanto, no existió el delito de peculado por el cual el tribunal de ese entonces condenó a un ciudadano, sin ser funcionario público.
Este fallo afectó la vida de todo un país, cambió el rumbo de la historia y dañó los cimientos de nuestro sistema judicial, al aceptar que la fiscalía de ese entonces presentara hechos que nunca se probaron y que por el contrario hoy se sabe eran mentira.
Los abusos y la incapacidad de la fiscalía al momento de recabar y presentar pruebas lejos de mejorar han ido en aumento. Un día sí y otro también, los ciudadanos son víctimas de las investigaciones deficientes, de abusos y violaciones de derechos fundamentales que tienen como consecuencia fallos inexplicables, en que se condena a inocentes y se libera a los culpables.
El peor daño que se ha infringido al país es la pérdida de credibilidad en el sistema judicial, pues por un lado hay un sentimiento de inseguridad y desconfianza ante los procesos judiciales y por otro el principio de inocencia se ha visto afectado, pues aunque una persona sea exonerada o absuelta, su solo señalamiento la condena a la estigmatización, ya que no hay confianza en las decisiones judiciales.
Este fallo nos ratifica que las denuncias y reclamos que con insistencia se han venido presentando, tienen razón de ser, es urgente la revisión de la forma como la fiscalía hace sus investigaciones y presenta las pruebas; es evidente que no solo hay impericia, sino que en muchos casos hay mala fe e incumplimiento del deber, pues su obligación es la búsqueda de la verdad, no encontrar a quien culpar.
A pesar de lo anteriormente expresado, creo que este fallo nos ayuda a muchos a recuperar la credibilidad en el sistema judicial pues revindica una verdad. Seis jueces de la República, libres de presiones y juicios mediático, emiten una resolución que se contrapone a otro que condenó sin pruebas ni fundamento, lo cual nos deja varias enseñanzas entre ellas que la verdad suele imponerse, que el sistema tiene la capacidad de enmendar una injusticia, pero sobre todo, que no se debe aceptar ni permitir que intereses ajenos a la justicia y la verdad, se filtren en los juzgados.
