Un pleito entre miembros de una familia por apoderarse de un sector para la venta y distribución de droga en Bajo Los Ledezma de La Uruca terminó en balacera, sangre y la muerte de un hombre.
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tuvieron que moverse rápido para evitar más enfrentamientos, por lo que este miércoles detuvieron a una mujer de apellidos Chacón Salgado de 24 años y a un hombre apellidado Salgado Ledezma de 18, quienes figuran como sospechosos de homicidio en perjuicio de un masculino de 26, identificado como Villalobos.
El hecho de sangre ocurrió a las 2 p.m. del domingo 18 de setiembre de 2016 en dicho sector capitalino, cuando al parecer llegaron dos vehículos de los que se bajaron al menos 8 personas con chalecos antibalas y con armas de fuego; algunos ingresaron a una vivienda mientras que los otros supuestamente realizaron varias detonaciones en la vía pública.
Michael Soto, jefe del OIJ, manifestó que el grupo hizo creer que eran agentes judiciales.
“Usaban trajes camuflados y chalecos antibalas con logos nuestros, la motivación es la disputa por venta de drogas entre dos grupos. Por versiones de testigos se logra identificar a varias personas, la distancia entre el lugar del tiroteo y los sospechosos es de 100 metros”, explicó.
Uno de esos disparos impactó a Kevin Villalobos Monge en la cabeza, él fue llevado al Hospital México donde falleció horas después de su ingreso.
Luego de varias pesquisas realizadas por los agentes judiciales, allanaron cinco viviendas en Bajo Los Ledezma, donde capturaron a un joven de 18 años, y una en San Sebastián, sin embargo, la mujer fue detenida en vía pública en Pavas.
En el operativo se decomisó cocaína y marihuana, así como 4 teléfonos celulares.
Transcendió que en apariencia estos hechos se dieron por una disputa por territorios para la venta de droga. Es importante indicar que el fallecido no residía en el lugar donde se presentaron los acontecimientos y que parecer no tiene relación con la disputa de territorios.
Finalmente, los sospechosos quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
