El caso que se sigue por la muerte de Luis Carlos Segura Guerrero, quien fue atropellado el 9 de enero por el sacerdote Marcelo Araya Alpízar, y que murió el 12 del mismo mes en Alajuela, pasará a audiencia preliminar, por lo que de momento se descartan las negociaciones. Al menos así lo aseguró el litigante Juan Diego Castro, que representa a la familia de la víctima.
Según detalló el abogado, el 3 de mayo acordaron las partes involucradas que la Fiscal sería quien se encargaría de obtener el peritaje actuario matemático, que determinaría la acción civil resarcitoria (indemnización).
Resultado que el perito Luis Fernando Rivas estimó con un monto de ¢106 millones, pese a eso y que existía una propuesta de suspensión del proceso a prueba firmado por todas las partes. La defensa del clérigo, representada por el licenciado Aníbal Jiménez Salas, presentó otro estudio realizado por un perito privado, en el que se estimaba un monto menor, cercano a los ¢37 millones.
“La contraparte pidió otra peritación que representa cerca de ¢35 millones, un tercio de lo que dijo el nombrado por la fiscalía pero el de ellos, lo contrataron por su cuenta de manera ilegal, sin pedir permiso a la fiscalía, sin solicitarles, sin notificar a las partes, eso es deslealtad procesal, después de que discutimos aquí con la familia, nosotros somos querellantes y actores civiles”, destacó Castro.
El proceso se mantiene, pero el reconocido abogado, descartó el proceso de conciliación al menos de momento, por lo que esperan que los citen a la próxima audiencia para notificarles que pasarán al proceso y de ser necesario van a ir a juicio.
“En este momento no hay conciliación, vamos a ir a la audiencia preliminar, donde eventualmente, si ellos asumen una digna posición leal, podríamos llegar a un acuerdo, de lo contrario no tenemos problema en ir a juicio”, detalló Castro.
El abogado del bufete Jurisis, criticó la actitud de Aníbal Jiménez, abogado del sacerdote que viajaba según la alcoholemia, tras haber tomado algunos tragos, por buscar la opinión de otro perito, cuando ya habían acordado uno.
“El abogado contrario está confundido, nosotros estamos en una causa penal por homicidio, no estamos en un proceso cobratorio o en una subasta judicial, no se está regateando la indemnización de un muchacho que murió atropellado por un chofer borracho, el monto que diga el perito, nosotros no sabíamos si era un colón o cien millones, pero fue un acuerdo, se fijó ese monto y a ellos no les gustó, porque había calculado, que podían ofrecer menos, porque es una familia humilde”, destacó Castro.
El caso se lleva a cabo en los Tribunales de Justicia de Alajuela. Se intentó conocer la posición sobre el proceso por parte de la Iglesia Católica mediante el sacerdote Sixto Varela, sin embargo, apuntó que no podía referirse al caso.
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CRÉDITOS: Foto: Carlos Barquero
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Sábado 27 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM
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