Aunque desde hace años están establecidas las pautas que deberían seguir para cobrar la tasa de recolección y disposición de la basura, cinco municipalidades no aplican la fijación establecida sino que cobran menos a sus contribuyentes, situación que les impide cumplir con sus obligaciones en la gestión integral de residuos.
Se trata de los ayuntamientos de Corredores, Mora, Parrita, Siquirres y Tibás. Según la Contraloría General de la República, dichos municipios cuentan con un modelo tarifario que apenas les genera ingresos.
En 2010 entró en vigencia la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nº 8839 y la reforma al artículo 74 del Código Municipal, en el que se establecen los lineamientos a considerar para la fijación tarifaria y el debido cumplimiento de la gestión de la reutilización y recolección de residuos sólidos.
Ante esta situación los gobiernos locales mencionados no pueden promover búsqueda de soluciones para evitar la generación de residuos, tampoco promover su reutilización y valorización, y su adecuada disposición final.
“En ese sentido, esas administraciones municipales no incorporan como parte del cálculo de la tasa en cuestión, recursos para inversiones futuras requeridas para lograr una gestión integral de residuos en el cantón y promover la creación y el mejoramiento de infraestructura necesaria para la recolección selectiva, el transporte, el acopio, el almacenamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final de residuos, entre otros”, señala el ente contralor en el Informe de auditoría de carácter especial acerca de la fijación de tasas en el servicio de recolección y disposición final de recursos ordinarios en las municipalidades de Corredores, Mora, Parrita, Siquirres y Tibás.
DÉFICIT RECURRENTE
Sobre el particular, la Contraloría agrega que “tal servicio muestra déficit recurrente en las cinco municipalidades en el periodo que va del 2012 al 2015, producto de costos de operación que rebasan los ingresos que se perciben de los usuarios del servicio. Dicho resultado deficitario, en conjunto para esas cinco entidades municipales, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a la suma de ¢427 millones.
Esto obliga a dichas administraciones municipales a financiar ese servicio con otras fuentes de ingreso, en algunas oportunidades, en menoscabo de la ejecución de obras y proyectos comunales prioritarios para las comunidades y de la mejora de otros servicios municipales, incluyendo el propio servicio de recolección y disposición final de residuos ordinarios”.
La Contraloría además cuestiona el hecho de que tampoco se utilizan tasas diferenciadas, a pesar de que la Ley N°8839 faculta la aplicación de dicho mecanismo, a fin de fomentar la separación, clasificación y entrega de los residuos por parte de los contribuyentes, en procura de disminuir la cantidad de residuos que se envían a los sitios de disposición final.
“La situación existente evidencia una tarea pendiente por parte de las autoridades competentes de esos gobiernos locales, para que de una manera progresiva y decidida implementen las acciones necesarias para que el proceso de fijación de la tasa de este servicio se base en un modelo adaptado a las necesidades de cada cantón y al cumplimiento de las exigencias contenidas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos”, indica el órgano contralor.
Al respecto enfatizó en que de prevalecer la situación, implicaría que los ayuntamientos no promoverían el cambio de paradigma instaurado en la Ley de Gestión de Residuos, en lo que refiere a que las municipalidades deberán garantizar una gestión integral de residuos en cada cantón, además de implementar acciones orientadas a promover la reducción de residuos destinados a la disposición final mediante la separación.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Jueves 25 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM
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