Pese a que el Ministerio de Justicia cuenta con un documento en el que se detallan las necesidades de infraestructura penitenciaria a nivel nacional, a criterio de la Contraloría General de la República (CGR) dicho documento es una recopilación de información y no una evaluación, análisis o diagnóstico.
La situación afecta la toma de decisiones oportunas ante la problemática de la falta de espacio en las cárceles.
La instancia fiscalizadora del Estado llega a dicha conclusión tras efectuar una auditoría de carácter especial sobre la planificación de la infraestructura penitenciaria desarrollada por el Ministerio de Justicia y Paz.
La CGR estudió un diagnóstico emitido en el 2012, por la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) del Ministerio de Justicia y Paz, el cual se determinó que careció de información como interpretaciones, obtención de conclusiones e hipótesis. Según esa entidad, dichos aspectos le permitirían conocer de manera real las debilidades y fortalezas, entender las relaciones entre los distintos actores involucrados, definir problemas y potencialidades, así como profundizar en los mismos y establecer órdenes de importancia o prioridades, entre otros.
En el informe DFOE-PG-IF-07-2016 la Contraloría recalca que la atención de la problemática penitenciaria es de suma relevancia tanto por el cumplimiento de los derechos humanos a los privados de libertad y por la afectación de la labor que los funcionarios que laboran en el sistema penitenciario.
“El Ministerio de Justicia y Paz debe contar con un diagnóstico validado y oficializado, que le permita planificar de manera ordenada y por etapas. Esto para disminuir la problemática de infraestructura penitenciaria, y la atención con todas las condiciones de derechos humanos tanto para los privados de libertad, como del personal penitenciario”, se indica en el informe contralor.
OMISIONES DE PESO
El documento elaborado por la DGAS es extenso, pero fue una recopilación de información de varias dependencias, presentó omisiones cualitativas y cuantitativas, entre estas que no se tenía claridad sobre la demanda futura, las características de los privados de libertad, cantidad de sentencias generadas por los Tribunales de Justicia, ni el aumento de privados de libertad en prisión preventiva.
Sobre el particular, la Contraloría reitera que “el esfuerzo realizado por la administración en la elaboración del referido diagnóstico, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el órgano Contralor no es un documento con características que le permitieran ser tomado en cuenta para la orientación de las construcciones”.
En el 2015, el Ministerio de Justicia y Paz inició la construcción de nuevos espacios carcelarios, los cuales se espera que para el 2017 aumente en 3.888 espacios, pero dichas construcciones no todas están contempladas dentro de un marco de planificación.
DESCOORDINACIÓN
Otra de las debilidades encontradas es que el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz para la infraestructura penitenciaria está dividido dentro del programa de DGAS en el Departamento de Arquitectura y el Patronato Nacional de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB).
El Departamento de Arquitectura se encarga de las obras de mantenimiento y complementarias de los Centros de Atención Institucional (CAI) y cuando debe realizar obras nuevas de espacios carcelarios lo hace con plata del PCAIB, situación que se puede prestar para confusiones y duplicación de datos, según la Contraloría.
“Es importante que el Ministerio de Justicia y Paz utilice instrumentos de planificación como el diagnóstico, la planificación estratégica y los planes de inversión de manera coordinada en el PCIAB y el Departamento de Arquitectura. También tomar en consideración los recursos provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de tal manera que sea posible una evaluación de la gestión y una adecuada rendición de cuentas”, agrega el documento fiscalizador.
Ante las deficiencias detectadas, la CGR le solicitó a la ministra del ramo, Cecilia Sánchez Romero, que revise actualice y oficialice el diagnóstico, a fin de determinar, entre otras, las necesidades de infraestructura penitenciaria. Para ello deberá remitir una certificación a más tardar el 30 de noviembre próximo con el oficio en el que se determine la actualización.
Mientras, para el 28 de febrero del 2017 deberá emitir un oficio donde certifique que los resultados del diagnóstico se incorporaron en la planificación de corto y mediano plazo de ese ministerio, tendiente a solucionar la problemática de la infraestructura penitenciaria.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Martes 23 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM
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