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Opinión

Berta Cáceres + - 50: ¿Energías limpias?

Mauricio Álvarez M.*

Sí, energía muy “limpia”: barre ambientalistas, arrasa con comunidades, limpia las arcas del Estado y elimina lo que queda de Naturaleza - y con ello - lo que queda de bienes públicos.

Sí, muy “limpia” es la energía de los proyectos hidroeléctricos (PHs) en México, Centroamérica y Colombia, construidos sobre los asesinatos de más de 50 activistas entre el 2000 y 2016 (1). 

En México, en menos de una década, han muerto nueve ecologistas vinculados a la resistencia anti hidroeléctrica. En el 2014 el Proyecto Hidroeléctrico Los Picachos costó la vida a Octavio Atilano Román Tirado y el PH Cuamono la de Antonio Esteban Cruz. Un año antes, en el 2013, el PH El Naranjal le había costado la vida a Noé Vásquez Ortiz y en el 2010 el PH Cerro de Oro significó la muerte de Carlos Zamora. El PH La Parota 1 cuenta una historia mórbida, pues les costó la vida a Benito Cruz Jacinto (2007), Eduardo Maya Manrique (2006) y a Tomás Cruz Zamora (2005). Ese mismo 2005 PH El Cajón significaría la muerte de Jaime Bracamontes Arias.

Al sur de la frontera, en Guatemala, se contabiliza una de las víctimas más recientes. El PH Petén le costó la vida a Walter Manfredo Méndez Barrios. Dos años antes, en el 2014, habían muerto Víctor Juc Maaz, Sebastián Rax Caal, Luciano Can Cujub y Oscar Chen Quej, activos dirigentes de la resistencia contra el PH Hidro Santa Rita.

A estas cinco muertes de activistas, que yacen sobre el PH Santa Rita, se les suman las de David Eduardo Pacay Maas y Ageo Issac Guitz, asesinados en el 2013. También en el 2013, el PH Caparja que le costó la vida a Carlos Hernández Mendoza. Ese mismo año fue ultimado Daniel Pedro Mateo y en el 2012 Andrés Francisco Miguel, ambos integrantes de la resistencia contra el PH Canbalam. Por su parte, los proyectos de Unión Fenosa tienen en sus cuentas las muertes de Octavio Roblero y Evelinda Ramírez Reyes en el 2010 y de Víctor Gálvez en el 2009. 

También en Guatemala, la lucha por la nacionalización de la energía y por la expulsión de Unión Fenosa de tierras chapinas implicó cuatro asesinatos en el año 2010: el de Carlos Noel Maldonado Barrios, Leandro Maldonado, Santiago Gamboa y Ana María Lorenzo Escobar. 

En Honduras, la compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria del COPINH, fue asesinada en julio de 2016 mientras luchaba contra la construcción de la hidroeléctrica Aurora I, apenas unos meses antes que Berta Cáceres. Berta era una de las activistas emblemáticas en contra del sangriento PH Agua Zarca - en su momento financiado por el BCIE, FINNFUND y FMO -, que también le había costado la vida a Irene Meza Willimas, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García en el 2014, y a Tomás García en el 2013. Previamente, el año 2015 también se había constituido en un año de luto para la lucha ecologista centroamericana, pues el PH Los Encinos les costaba la vida a Silvestre Manueles Gómez, Javier Vásquez, Selvin Darío Orellana, Domingo Martínez y Juan Francisco Martínez. 

 En el 2014, otros dos ecologistas fueron asesinados en tierras catrachas: el PH Las Minitas tiene sobre sí la muerte de Pedro Pérez y el PH Aurora la de Justo Soto. En el 2012 fue ultimado Alberto Dominguez Benítez, dirigente de la resistencia contra el PH Intibucá la de Santos y en el 2003 Carlos Arturo Reyes, activista que se oponía al PH Babilonia (2003). 

En el Salvador PH El Cimarrón costó la vida de Jerson Roberto Albayero Granados en el 2007 y en Panamá fueron asesinados los ecologistas Onésimo Rodríguez (2013), Gerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez (2012), todos vinculados a la resistencia contra el PH Barro Blanco.

Esta ola de asesinatos contra activistas ecologistas se extiende hasta Colombia. En el 2014 fue abatido Eduardo Caballero Toscano, dirigente de la lucha contra PH Hidrosogamoso. En el 2013 el PH Hidroituango costó las vidas de Nelson Giraldo y Robinson David Mazo. El PH Besotes tiene sobre sí las muertes de Horacio Llorente Merendez (2009) y Luciano Romero (2005). Finalmente, en el año 2001 fue asesinado el compañero Kimy Pernía Domicó, ecologista opuesto al PH Urrá I. 

Costos. Estas muertes son sólo la punta del iceberg de una dinámica de terror que envuelve a cada una de las comunidades detrás de estos nombres, reprimidas por actos de violencia cotidiana. Se han instaurado las prácticas de estigmatización, judicialización, acosos, torturas, desapariciones, etc, como estrategia para evitar que dichas comunidades hagan valer sus derechos de acceso y decisión sobre los recursos naturales y, sobre todo, de llevar adelante su resistencia y oposición a la realización de estos proyectos. 

Estos son los costos reales de cómo se imponen proyectos sobre los pueblos indígenas y rurales de la región. Cabe preguntar si puede ser limpia una energía a precio de sangre. Al pensar en los responsables de la ingeniería de los proyectos y de la banca que los financia, nos preguntamos si ¿será acaso posible que ya tengan contemplado en sus fórmulas operacionales y de costos este promedio de 3 o 4 asesinatos por represa?

La sociedad debe hacer su propio análisis ético de cuánta sangre, costos sociales, culturales y ambientales cuesta la energía. Para quien escribe, es inadmisible adjetivar de limpio algo que se impone con altísimo costo humano y ambiental.

 

*Presidente FECON y profesor Kioscos Socioambientales UCR.

 

[1] http://www.feconcr.org/doc/riosPHmuertesdefensoresriosregional.pdf

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Martes 09 Agosto, 2016

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