Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron excarcelar, a un adulto mayor, próximo a cumplir los 71 años y que fue aprehendido el 8 de julio anterior y remitido a la Unidad de Pensiones Alimentarias del Centro Institucional La Reforma, por no pagar una pensión alimentaria de ¢279.145 mensuales.
Los constitucionalistas declararon con lugar un recurso de amparo a favor del adulto mayor, pues con el dictamen médico se comprobó que tiene un cuadro crítico de salud, presenta varios padecimientos como presión alta; ha sufrido dos derrames que le dejaron secuelas auditivas, temblores de boca y de extremidades; asimismo padece mareos y problemas para caminar.
Tras el análisis de la valoración Médico Forense, los magistrados ordenaron la libertad inmediata del adulto mayor, sin embargo no se le exime del pago de la pensión alimentaria impuesta por la autoridad jurisdiccional competente, pese a contar con una pensión por vejez de ¢62.720 por mes.
“El Tribunal concluyó que la privación de libertad del amparado y su remisión a un centro penitenciario, por sus condiciones actuales de salud, constituye una lesión desproporcionada de sus derechos fundamentales, ya que pone en riesgo su salud e integridad física. El amparado es incapaz de desenvolverse por sí solo en un ambiente carcelario debido a que tiene mucha dificultad para desplazarse, no puede vestirse solo ni administrarse los medicamentos que requiere para el tratamiento de sus múltiples padecimientos”, detalla la Sala Constitucional mediante comunicado de prensa.
Añade la sentencia de la Sala Constitucional que el hombre está obligado a pagar la pensión impuesta, pues es una cuestión de legalidad, “que deberá ser solicitada por el interesado y resuelta por el Juzgado correspondiente”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 30 Julio, 2016
HORA: 12:00 AM
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