El procurador Juan Montoya acudió a la comisión especial que estudia el proyecto Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal bajo el mecanismo de un trámite rápido para su aprobación y advirtió a los diputados la urgencia de aplicar una corrección a esa iniciativa para que no genere embargos automáticos.
En la normativa dispuesta se establece un plazo de tres días para que un juez emita resolución sobre una acusación de fraude fiscal, si no hay resolución en ese plazo se procedería al embargo. Para el procurador es materialmente imposible para un juez cumplir con ese plazo.
“Quedó claro que un plazo de tres, cinco, ocho días que usted establezca en la ley es básicamente el embargo automático. Iba a funcionar: si un juez no resuelve de inmediato se considera el embargo.
En el proyecto se habla de tres días para darle audiencia y luego de tres días para que se resolviera”, comentó el diputado Otto Guevara, quien presidió la comisión.
El procurador también llamó la atención sobre lo dispuesto en el departamento que investigará el uso que se le dé a la información tributaria que contiene el registro de accionistas.
“Ya nos lo había planteado otro compareciente, que no le parecía que esa especie de departamento de investigación interna o de asuntos internos que iba a analizar si hay abusos en el uso de herramientas de la administración tributaria sea un órgano o una dirección tributaria.
Considera que debe estar afuera de la administración tributaria a la hora de redactar las mociones que presentaremos la próxima semana para hacer reformas el texto”, manifestó Montoya.
La próxima semana los legisladores recibirán en audiencia al último compareciente y tendrán hasta el 27 de agosto para aplicarle cambios a la iniciativa.
El gobierno ha enfatizado en la urgencia de aprobar este proyecto como una herramienta clave para resolver el faltante de plata en el país.
