El creador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, pidió que deshagan esa fracción en un eventual escenario en el que la Fiscalía demuestre culpabilidad de ese grupo por la estafa de la cual son acusados dos de sus exfuncionarios, quienes fueron acusados por cobrar de forma ilegal ¢16,2 millones contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Solís, actual diputado de esa organización política en la Asamblea Legislativa, declaró este miércoles en el juicio como testigo del Ministerio Público, con la intención de dar a conocer las relaciones que se manejaban dentro del partido por parte de los imputados, Maynor Sterling Araya, extesorero del PAC y el mensajero Manuel Antonio Bolaños Murillo.
“No me imagino que eso realmente haya ocurrido de esa forma en esas circunstancias, creo que es algo que deberán (los jueces) demostrar, ojalá que desaparezca (el PAC) por haber permitido eso también, porque es una estafa”, declaró Solís.
Consultado por las partes, tanto jueces como Fiscalía y Defensa de imputados, se cuestionó a Solís sobre si sabía o no de las supuestas facturas que, según el TSE, por medio de la Procuraduría, sirvieron a los sospechosos para cometer el delito.
Solís declaró que durante esa campaña hubo muchos partidarios que facilitaban fondos a la agrupación para el proceso electoral, quienes ofrecían los resultados de su trabajo de forma gratuita y que eso jamás fue visto con malos ojos por parte suya.
“Considero que, si esa es la acusación, yo soy parte de los culpables. Me parece que no hay nada ilegal en ese aspecto porque muchas personas en otros partidos hacen igual”, puntualizó.
De acuerdo con la Fiscalía, Sterling y Bolaños usaron facturas falsas con manipulación de datos sobre profesionales que supuestamente prestaron servicios al PAC durante la campaña electoral que finalizó en el 2010.
Con esos documentos obtuvieron un rédito que superaba los ¢16 millones, los cuales fueron pagados por el TSE bajo el rubro de deuda política.
La Procuraduría General de la República alega que el perjuicio total fue de ¢518 millones, por lo que esperan una sentencia favorable.
Solís finalizó condenando el acto, afirmando que de ser encontrado culpable cualquier persona, deberá permanecer en la cárcel hasta el día de su muerte.
