Un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Provincial de Heredia del Frente Amplio obligó al diputado José Ramírez a cambiar su postura respecto al proyecto 17.742 Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
Ramírez asegura que votará en contra de la iniciativa, al igual que lo anuncia su compañera de fracción Ligia Fallas. El giro en la posición llega tan solo una semana después de que el Frente Amplio en un comunicado oficial anunciara el acuerdo de la bancada de apoyar ese proyecto.
Sin embargo la decisión está cargada de polémica y discusión, así lo señalan los heredianos en el pronunciamiento, que textualmente dice: “Que el proyecto de ley en cuestión ha causado una profunda división dentro del movimiento ambientalista, que en cierta medida está repercutiendo en las estructuras del partido, en cuanto a la cuestión de si se debe apoyar o no el proyecto”.
Los representantes de esta provincia realizaron una consulta pública, en la que aseguran que tras dos años de análisis la mayoría de cantones se pronunció en contra de la ley, por lo que solicitan al legislador que los representa, es decir José Ramírez, apegarse al criterio expuesto.
“A nivel de la provincia de Heredia, en los cantones surgió un proceso de consulta sobre el tema del proyecto de la Ley de Recurso Hídrico y por una votación de cinco contra cuatro, de uno de los cantones que no votó, que fue Sarapiquí, decidieron no aprobar la ley. Efectivamente como representante popular, o quien fue elegido por esa provincia, debo respetar lo que ellos determinen”, explicó el congresista.
CUESTIONAMIENTOS
Según el Frente Amplio, la nueva legislación provocaría avances como los siguientes: “Refuerza la normativa existente a nivel constitucional y legal que señala que el agua es un bien de dominio público, es decir que pertenece a toda la población. Asegura que el servicio de abastecimiento de agua y su tratamiento únicamente será brindado por entes públicos sin fines de lucro. Reafirma como prioritario el derecho humano al acceso al agua.
Prioriza el abastecimiento poblacional por encima de otros usos del agua. Se fortalecen los mecanismos económicos existentes para el cobro de cánones por aprovechamiento de agua y vertidos, de manera que el Estado cuente con recursos para tutelarla, protegerla y generar conciencia de que el recurso no es infinito ni inagotable. Establece sanciones por la contaminación del agua o su aprovechamiento ilegal”.
Sin embargo quienes se pronuncian en contra alegan que convertirá el líquido en mercancía, incluso se valen de posiciones del exdiputado José María Villalta para cuestionarlo, tal es el caso de trasladar la competencia de aguas subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
Dagmar Facio, excandidata la vicepresidencia de la República, escribió en su perfil de Facebook: “170 mil costarricenses firmamos una propuesta para una nueva ley de aguas, en la Asamblea Legislativa la manosearon, la vendieron. Ahora, engañados nos quejamos, y nos piden que, en lugar de quejarnos, hagamos propuestas ¿delirio o cinismo? (…) Cuando José María Villalta me llamó para que lo acompañara en la papeleta presidencial yo le pedí que me explicara por qué me querían ahí. Me convenció porque soy de izquierda (…) Hoy cuando veo a los diputados del FA compartiendo criterios con Laura Chinchilla y Vica Andrade sobre la Ley de Agua me indigno. Yo entiendo que hay que negociar, pero prestarse a cumplir los deseos del Banco Mundial es como demasiado”.
Al respecto el jefe de bancada, Edgardo Araya, alega que existe un desconocimiento sobre lo que realmente establece el texto.
“No es una ley corrupta, tampoco que convierta el agua en mercancía, como se ha querido decir. Invito a toda la gente que lea el proyecto y me digan en cuál artículo o cuáles normas se dice eso. La Comisión Política del Frente Amplio, que es el órgano estatutario que establece las directrices políticas del partido, se ha pronunciado a favor del proyecto, respaldando la decisión de la mayoría de la fracción que hemos escuchado esas preocupaciones de los sectores, pero consideramos que no se ajusta a lo que dice el texto”, enfatizó.
