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Sucesos

Denuncian espionaje en AyA

Jerarcas escuchan llamadas de empleados

  • El espionaje a funcionarios del AyA se dio en la sede central en Pavas

  • En este documento con fecha del 11 de julio, el AyA justifica la grabación de conversaciones

Una investigación hecha por el Órgano Director de Acueductos y Alcantarillados (AYA) revela que la institución escuchó de forma ilegal las conversaciones telefónicas de una de sus empleadas, a la cual, habían denunciado por supuestas anomalías con recursos de la entidad pública. 

El caso está en investigación bajo un absoluto secreto, e inició el 28 de junio de 2016.

Por medio de una notificación, la funcionaria identificada como Beberlyn Watts Solano fue avisada acerca de un proceso disciplinario en su contra, basado en una supuesta utilización de recursos para actividades personales, desatendiendo a usuarios. 

Producto de la denuncia convocan a la funcionaria, quien es empleada de la línea de Servicio al Cliente, para que haga su descargo en las oficinas del órgano director el próximo 5 de agosto, en la sede central de AyA.  Según el argumento de esta notificación, se están violando los artículos 41 y 42 del Reglamento Autónomo del Servicio del AyA, por lo que corresponde una sanción disciplinaria según el artículo 97 del reglamento. 

 

ESPIONAJE 

 

Así consta en documentos UEN-SUC-GAM-2016-633 del 27/05/2015 y UEN-SU-GAM-2016 con fecha de 20/06/2016, de los cuales DIARIO EXTRA tiene copia y donde se adjunta como parte de las pruebas en contra de Watts Solano, un CD con las grabaciones de las conversaciones telefónicas de la funcionaria. 

Estas grabaciones no solo se refieren al hecho en cuestión que se investigaba, sino también registro de otras fechas que contenían también los diálogos completos que realizó la mujer desde el aparato telefónico asignado por la institución. 

“La funcionaria señalada había sido agredida por otra compañera de apellido Peraza y la amenazó de que se encargaría de echarla del trabajo. Al parecer le comunicó la existencia de esa llamada al jefe inmediato, Fernando Cubillo, con quien supuestamente tiene una relación sentimental, como un acto de venganza por lo sucedido”, describió, Edwin Marín, presidente de la Seccional ANEP-AyA.

Parte de la denuncia se fundamenta en una conversación telefónica que Watts realizó por espacio de 40 minutos a una compañera de trabajo y que se trató de una llamada interna. El registro fue copiado en su totalidad y presentado al órgano director, el cual como veremos más adelante justificó la intervención telefónica y la grabación de las conversaciones de los empleados.

 

DENUNCIA 

 

Ante el panorama, la funcionaria decide buscar ayuda y por medio del documento 2016-0049 la Seccional de ANEP-AyA, se le solicita a la presidenta ejecutiva de la Institución, Yamileth Astorga, que se refiera sobre la grabación de llamadas a los empleados de la institución y el documento que establece que estas estaban siendo grabadas.

“Nos apersonamos hasta la Dirección Jurídica de la institución en Pavas para conocer los pormenores de la denuncian y cuando comenzamos a analizar el expediente 146, nos dimos cuenta de que este incluía un CD con la conversación completa de la funcionaria”, aseguró Marín.

El gerente general del AyA, José Moya Segura, responde a la solicitud tal como quedó registrado en el documento GG-206-01526. Entre los argumentos indica que la Dirección de Sistemas de Información y la UEN de Servicio al Usuario y Atención telefónica Línea 800, cuenta con un sistema de grabación telefónica que se utiliza para verificar los servicios que se brindan a los usuarios y que estos cumplan con el protocolo y procedimientos establecidos.

Además, argumentan que la Línea 800 cuenta con protocolo que al inicio de la llamada advierte que está siendo grabada para control de calidad. Sin embargo, DIARIO EXTRA realizó una prueba y el sistema nunca advirtió sobre la grabación cuando el funcionario ya había atendido la llamada.

Según Marín, se reunieron con la presidenta, Yamileth Astorga, para conocer la posición sobre este tema que consideran grave y que atropella la privacidad del funcionario. La jerarca se comprometió a investigar cómo se dio la intervención y bajo qué argumentos se aprobó, aunque adelantó que el Órgano Director había avalado la prueba presentada.

 

¿QUIÉN GRABÓ CONVERSACIÓN?

 

Al parecer la funcionaria Watts Solano había denunciado una serie de hechos que la tenía confrontada con una funcionaria de la institución, problemas que llegaron casi al borde de las agresiones físicas con una mujer de apellido Peraza.

Según declara la afectada, ella fue quien denunció al jefe de departamento, Fernando Cubillo, las supuestas llamadas telefónicas personales y fue cuando sin autorización de un juez de la República, ni el consentimiento de la afectada, se grabaron sus conversaciones.

La demandada denuncia persecución laboral y según el gremio sindical ella ha sido valorada por especialistas ya que está emocionalmente muy afectada por el espionaje del que fue víctima. Ahora serán los mandos altos del Acueductos y Alcantarillados los que determinen si lo sucedido atenta contra el derecho a la privacidad como lo establece la Constitución Política.

 

SOLO CON ORDEN DE UN JUEZ

 

Los especialistas en derecho penal confirmaron que en este caso existe un proceso anormal. A todas luces los funcionarios del órgano director cometieron un delito que podría ser castigado con cárcel si se establece la culpabilidad sobre el espionaje del que fue objeto la trabajadora.

Según refiere el abogado penalista y exjuez de la Republica, Ewald Acuña, el hecho que argumenta la institución en cuanto a la advertencia telefónica, de que la llamada está siendo grabada, solo se aplica en algunas excepciones, pero no da la potestad de espiar comunicaciones telefónicas. “Si la grabaron sin consentimiento y la llamada no era enfocada al servicio público, es una captación indebida o registro ilegal de llamadas telefónicas según articulo 198 ,sobre captación indebida de manifestaciones verbales”, indicó el licenciado Acuña.

En este caso la funcionaria alega que nunca fue notificada y que la llamada no era del servicio al cliente sino interna a otra funcionaria. Bajo estos argumentos y si se logra comprobar quién ordenó la intervención telefónica, este se expone a cumplir hasta tres años de prisión. “Será reprimido con prisión de 1 a 3 años quienes graben sin consentimiento las palabras de otro u otro, o destinadas al público o que mediante procedimientos técnicos escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, excepto lo previsto a la ley sobre registro secuestro y examen de documentos privados e intervención de las telecomunicaciones”, explicó Acuña.

PERIODISTA: Gustavo Retana

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Julio, 2016

HORA: 12:00 AM

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