La pensión de la abogada Zaida Zúñiga Valverde, actual embajadora en República Dominicana, elevó prácticamente cuatro veces su valor en cuestión de dos años.
La revalorización se logró del 2008 al 2011, es decir la primera vez que Zúñiga suspendió su jubilación por invalidez para asumir un puesto diplomático, la cual reactivó al culminar el cargo como ministra consejera en la Organización de Estados Americanos (OEA) sin alguna reevaluación médica.
La Dirección Nacional de Presupuesto confirmó a DIARIO EXTRA que el monto se elevó de ȼ772.377,71 a ȼ3.104.371,00.
En febrero del 2016 volvió a detener el pago de la jubilación para tomar el cargo como embajadora y al culminar tendrá derecho -nuevamente- a solicitar un aumento sobre el último monto registrado de ȼ3.575.671,25.
“Ella se pensiona al amparo de la Ley de Hacienda, esa ley lo único que establece, en el artículo 6, sea una ordinaria o no, es suspender una pensión por recibir retribución del Gobierno Nacional. Incluso la Ley Marco, en el artículo 31 les abre la puerta porque establece que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la administración pública, es una facultad que les da.
No se previó en la ley ni en el reglamento un mecanismo que permitiera al momento de que una persona inválida suspenda la pensión y la vuelva a retomar, solicitarle una valoración médica para ver si ese nivel de incapacidad continúa”, señaló el director nacional de Pensiones, Juan Alfaro.
URGE REFORMA
El director resaltó que urge una reforma a la normativa, que elimine este portillo en personas que suspenden y reanudan una condición de incapacidad sin un criterio médico.
“Quisiera que noticias como estas generaran los esfuerzos políticos para crear una reforma. Este es un caso, pero puedo hablar de casos, de gente con experiencia acá con memoria institucional, que me dice que temas como este son más complicados como los pensionados del Banco Anglo, ahí se pensionó mucha gente por temas de depresión”, insistió.
La abogada fue promovida por el canciller Manuel González, siendo además la madre de su jefa de despacho.
González ha alegado que no era su responsabilidad conocer la condición de jubilación de la embajadora, y tras el escándalo solicitó el detalle a la Dirección Nacional de Pensiones, el cual según Alfaro ya le fue entregado.
