La Contraloría General de la República (CGR) giró los oficios LEV-PROH 02873, LEV-PROH 05212 y LEV-PROH 03960 en respuesta de la solicitud que en el año 2013 realizó Giovanni Sandoval Rodríguez, jefe de Sub Procesos de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Alajuela, y su esposa Alejandra Araya Alfaro, representante de 20 sociedades, muchas de ellas con contratos para la recolección de residuos en el cantón manudo.
Tras el análisis del ente contralor, se indica que las compañías en las que la esposa del funcionario es representante podrán continuar con el contrato vigente, pero la pareja no deberá participar de manera directa e indirecta en decisiones en torno al manejo y gestión de recolección de residuos de la municipalidad, según lo contempla el deber de probidad, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422.
La auditoría municipal advierte al Concejo y al alcalde, Roberto Thompson, que el jefe de Servicios Ambientales, Sandoval Rodríguez, debe ser separado de su cargo por recomendación de la Contraloría, esto en febrero del 2014.
El funcionario había asegurado a DIARIO EXTRA que desde su matrimonio con la representante legal de la compañía, que cuenta con un contrato de ȼ1.200 millones para la recolección de basura, no participaba de manera directa o indirecta en la toma de decisiones de los contratos ni en la gestión de transporte y recolección de desechos sólidos en la Municipalidad de Alajuela, situación que parece no ser tan cierta.
FIRMÓ RESOLUCIÓN
DIARIO EXTRA cuenta con un documento del Ministerio de Salud fechado el 20 de junio de 2016, donde Giovanni Sandoval Rodríguez emite criterios con respeto a la gestión de desechos sólidos del cantón de Alajuela, pese a que se aseguró a este medio que estaba designado a un programa de reciclaje municipal.
En la resolución del Ministerio de Salud se contempla aspectos propios del cierre técnico del relleno sanitario Los Mangos, bajo administración de la compañía WPP Continental de Costa Rica S.A., competencia de la empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A., que representaba su esposa.
Sandoval avala un pronunciamiento que ha afectado a la empresa competencia de la que hasta hace poco tiempo representaba su esposa, situación que la contraparte cuestiona y no cree conveniente, ya que es funcionario público.
“Rodríguez firmó una resolución arbitraria e ilegal que emitió el Ministerio de Salud a raíz de una gestión nuestra. No hemos entendido todavía por qué esa resolución es también firmada por un funcionario de la Municipalidad de Alajuela, quien no tiene competencia funcional en el Ministerio de Salud y, además, como usted bien lo informa en sus reportajes, está inhibido de participar en la toma de decisiones relacionadas con la recolección, transporte o tratamiento de desechos sólidos del cantón”, indicó Boris Molina, abogado de WPP.
FUNCIONARIO SE DEFIENDE
Ante los cuestionamientos el funcionario municipal se defendió y aseguró que nunca autorizó contrato alguno con la compañía que presidía su pareja, la cual en el momento de la firma no figuraba como representante legal de la compañía.
“En ese momento doña Alejandra no era apoderada de la empresa e incluso el contrato lo firmó el representante legal, el señor Rodrigo Blanco Romero. Además, Giovanni no ostentaba el cargo que se menciona de gestor de Residuos, en el cual fue asignado en el 2010”, manifiesta el abogado José Echeverría Alfaro.
Además, aseguran que la señora Araya Alfaro fue removida de su cargo en julio de 2015 y que el contrato del 16 de enero del 2007 no fue firmado por la esposa del funcionario, por lo que expresan que no contaban con las potestades laborales señaladas en la publicación de DIARIO EXTRA.
El abogado Echeverría también dijo que la auditoría interna de la Municipalidad de Alajuela analizó el caso y llegó a la conclusión de que no había regularidad alguna.
El licenciado acotó que su representado contaba con el aval de la Contraloría luego de que presentara la consulta ante esta institución para ejercer su cargo, según asegura, el ente contralor sí avaló la relación entre el funcionario y la empresaria.
“La CGR dijo que no había prohibición que levantar, dado que no había relación alguna derivada de la relación de noviazgo. Pero Giovanni en aras de la transparencia solicitó su separación del cargo a las autoridades municipales”, recalcó Echeverría.
Por el momento este caso será conocido por la Procuraduría de la Ética y el Ministerio Público ante las demandas que plantearán los representantes de otras compañías gestoras de residuos en el cantón de Alajuela.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Viernes 01 Julio, 2016
HORA: 12:00 AM
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