Defendamos el agua como “bien social”
Freddy Pacheco León*
Desde que, en agosto de 1942, el presidente Dr. Calderón Guardia emitiera su muy bien pensada Ley de Aguas (actualizada sustancialmente en 1996), los costarricenses siempre hemos visto el agua como un “bien social”, como algo no comercializable, como un recurso a disposición de todos los habitantes independientemente de su condición económica o social.
Al lado del Código de Trabajo, las Garantías Sociales, el Seguro Social y otras leyes que sustentan el edificio del Estado costarricense, esa magnífica Ley de Aguas contribuyó a mejorar la salud, y, por ende, las expectativas de vida que pasaron de 47 años, en ese entonces, a cerca de 80 años. De nada o poco hubiera servido el gran esfuerzo por darle al pueblo los instrumentos gratuitos de atención de su salud si no se hubiera contado con agua potable suficiente a disposición de todos aquellos que padecían de graves enfermedades, debido a su escasez o su mala calidad.
Hoy, cuando un litro de agua embotellada cuesta mucho más que un litro de gasolina, y cuando gigantescas corporaciones transnacionales obtienen multimillonarias ganancias con su comercio y administración de acueductos, los pueblos hemos de defender el carácter del agua como “bien social”. Son muchas las amenazas auspiciadas por comerciantes del agua que descaradamente abogan por que se considere el agua como una cosa económica que se pone a disposición de los mercados donde impera la ecuación de la oferta y la demanda, y donde para los pobres del mundo, su acceso no constituye un derecho humano. ¡Agua como bien económico! y no como bien social, dice el particular “evangelio” economicista auspiciado por los del “no money, no water”…
“El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana…”, nos dice el Papa Francisco. Y agrega: “Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días”; “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado”.
Así, apoyados en la justa palabra del Papa Francisco, rogamos a los gobernantes que podrían estar tomando decisiones trascendentales mediante las cuales el agua dejaría de ser un “bien social” para convertirse en un “bien económico”, que reflexionen sobre las consecuencias a mediano y largo plazo, de la legislación que heredarían a sus hijos y demás descendientes.
No tienen ante sí un proyecto cualquiera o intrascendente, sino quizá el más importante proyecto de ley sobre el que tuvieren que tomar una decisión de consecuencias históricas.
¡Claro que el agua tiene “valor económico”! Se vende embotellada y se cobra por sus concesiones, como otros bienes demaniales que no pueden salir del abrigo del Estado. Pero, a diferencia de lo que dice el proyecto de nueva Ley de Aguas, no “debe reconocérsele como un bien económico”. Principio agregado indebidamente bajo el engañoso título de “Valor económico”, pese a que los proyectos que ingresan a la Asamblea Legislativa amparados a la Ley de Iniciativa Popular, no pueden ser modificados tan profundamente como se hizo (inconstitucionalmente) en este caso. Hacerlo así no es más que una burla soez a los muchos miles de ciudadanos que firmaron de buena fe, creyendo que lo hacían por un proyecto promocionado como de verdadero interés popular.
En fin, más allá de las serias deficiencias que se escondieron al momento de aprobar el proyecto en la legislatura anterior, el mutar el carácter del agua como “bien social” al del agua como “bien económico”, es de la mayor importancia. Sería como echar por el suelo la doctrina social-eclesiástica que inspirara al Dr. Calderón Guardia, en asuntos como los servicios de salud, las condiciones laborales de los trabajadores, la educación universitaria y el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas.
*Doctor en Ciencias Biológicas
