Tres resoluciones emitió la Contraloría General de la Republica en junio del 2012, marzo del 2013 y abril del 2013, tras gestiones realizadas por el matrimonio compuesto por el jefe de Sub Procesos de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Alajuela, Giovanni Sandoval Rodríguez, y su esposa Alejandra Araya Alfaro. La señora Araya Alfaro es representante legal de las empresas Recolectora Ambiental de Basura S.A., lbera RBL S.A, Recolectora Ambiental de Basura S.A., Lumar Investments S.A., Luber RBL, Manejo Integral Tecnoambiente S.A., Recolectora Alajuelense de Basura S.A y 13 sociedades más.
La intención de la pareja era que la Contraloría General de la República avalara la relación de noviazgo y posterior matrimonio entre ambos, mientras fungían en los puestos que le delegaban competencias y poder para decidir en los contratos suscritos entre el ente municipal y la empresa suplidora de los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios, que fueron documentados en los contratos número 063-2010 y 001-2007.
En dicha resolución el ente contralor emitió un pronunciamiento en el que levanta la prohibición que afecta a la empresa contratada Recolectora Alajuelense de Basura S.A. para que cumpla con el contrato que vence este 2016, pero hace la salvedad sobre el ingeniero Sandoval Rodríguez.
“De esa forma, es dable concluir que -para el caso particular que aquí se analiza- dicho funcionario sí tiene influencia y poder de decisión en las contrataciones que promueva o realice la Municipalidad de Alajuela relacionadas con los servicios municipales, dentro de los cuales se encuentran la recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos del cantón. Por lo tanto, al señor Giovanni Sandoval Rodríguez sí le aplica la prohibición para participar como oferente contenida en el inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa”, indica la resolución de la Contraloría.
TOMA DE DECISIONES
La CGR estableció según un informe de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Alajuela, Yamileth Aguilar Herrera, que el jefe de Servicios Ambientales Sandoval Rodríguez, tenía las funciones de “supervisión y regulación técnica de los servicios que presta la Municipalidad; revisión de los carteles de licitación estableciendo parámetros técnicos que apegados a la legislación vigente aseguren la eficacia y eficiencia en la posterior ejecución de los servicios. También asegurar el cumplimiento de las políticas de prestación de los servicios establecidas por la coordinadora de hábitat”, reza el informe.
En dicho informe además se establece que la esposa y representante legal de las compañías contratista, Alejandra Araya, también se le aplica la prohibición contenida en el inciso H del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa.
GESTOR SE SEPARA DE CARGO
Giovanni Sandoval visitó DIARIO EXTRA y afirmó que no tuvo injerencia en el contrato cuestionado. “Yo no firmé contratos, ni autoricé contrato alguno para beneficiar a la empresa. En la fecha de la firma en el 2007 y 2010 ni siquiera conocía a mi futura esposa, con la que me casé en el 2012”, indicó el funcionario.
El funcionario advirtió que luego de su casarse en diciembre del 2013 con la representante legal de la empresa, renunció a sus obligaciones municipales en dichos contratos. Sin embargo un año después, en febrero del 2014, la licenciada María del Roció Muñoz González, coordinadora del subproceso y secretaria del Consejo Municipal, le indicó al alcalde alajuelense, Roberto Thompson, que según el contrato vigente número 063-2010, relacionado con la licitación 201OLA-00013-01, recomendó separar al ingeniero por existir una prohibición de la Contraloría para que participe en las resoluciones de las empresas a las cuales se les levantó la prohibición en los contratos de recolección de basura.
Según la Ley de Contratación Administrativa el funcionario no debería tener relación alguna con dichos contratos, pero según el mismo ingeniero, solo se le asignaron nuevas labores, sin embargo sigue perteneciendo al departamento del cual contaba con la jefatura. “Él ahora está encargado de un programa de reciclaje dentro de la gestión de esa dependencia”, indicó el alcalde Roberto Thompson, quien también se refirió al tema.
ALCALDÍA INVESTIGARÁ
El alcalde, Roberto Thompson, fue enfático en afirmar que los contratos y esta compañía, que significa un desembolso municipal de ₡1.200 millones, se estableció cuando él no fungía como alcalde municipal. Además, indicó que la transparencia con la que se manejan los fondos públicos en Alajuela es absoluta y ante la duda se abrirá un proceso de investigación. “Que no les quepa la menor duda a los alajuelenses que abriremos un proceso de investigación; si se establece que podría existir una anomalía en cuanto a este tema”, recalcó Thompson.
Indicó además que investigará si el funcionario no fue removido del departamento involucrado en los contratos y, de ser así, establecerá las condiciones que la Ley de Contratación Administrativa establece en estos casos.
Thompson aseguró que su gestión cuenta con la transparencia necesaria para atacar estos conflictos de intereses en el caso de existir elementos de prueba.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Jueves 30 Junio, 2016
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA