La propuesta de establecer que cada institución estatal de educación superior reserve un mínimo del 50% de plazas de las carreras de mayor demanda para los estudiantes con los mejores promedios de cada institución secundaria pública, no es bien recibida por la Universidad de Costa Rica (UCR).
De acuerdo con el rector de la UCR, Henning Jensen, el establecimiento de cuotas no cumple necesariamente con el fin de democratizar la educación universitaria, porque asegura que la primera pregunta que hay que hacerse es por qué una cuota para los afrodescendientes, indígenas y no para otros de zonas como La Carpio, que también son vulnerables por sus condiciones.
Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes (Feucr), Luis Siles, considera que la propuesta de la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) viola la autonomía universitaria porque sería la Asamblea Legislativa que dictaría a las universidades una determinada cantidad de admitidos, lo cual considera es intromisión a la gestión y administración de la U.
Intentamos conocer la posición de la Universidad Nacional (UNA), pero se nos remitió un correo electrónico en el que se indica que la rectora interina Luz Emilia Flores no podía atender la consulta debido a que se encuentra estudiando el proyecto de ley.
También se pidió la opinión del rector del Tecnológico de Costa Rica, pero al cierre de edición no había enviado su respuesta.
GARANTIZAR ACCESO A CARRERAS
La diputada Epsy Campbell presentó el Proyecto de Ley para la Democratización del Acceso a las Universidades Públicas Estatales para Estudiantes de los Colegios Públicos.
La iniciativa establece que cada institución pública de educación superior deberá reservar un mínimo del 50% de plazas de las carreras de mayor demanda para los estudiantes con los mejores promedios de cada colegio.
El proyecto detalla que la mitad de las plazas se asignará a estudiantes de colegios públicos localizados en zonas rurales y urbano-marginales. Además, la población estudiantil afrodescendiente e indígena debe estar representada en la designación de esos cupos, con la misma proporción que lo están con el resto de la población.
La diputada Campbell citó las cifras de la Encuesta de Hogares 2010 del INEC, la cual revela que el 59% de la población estudiantil de las universidades estatales es de clase alta.
Para Campbell resulta ilógico que a las clases más necesitadas se les cierre más las posibilidades de acceder a la educación pública de calidad.
Según la legisladora, el proyecto precisamente pretende una mayor democratización del acceso a los centros de enseñanza superior para corregir las inequidades que provocan actualmente los sistemas de admisión.
La iniciativa apenas empieza su proceso legislativo, sin embargo ya encontró un no rotundo de una de las cinco universidades públicas del país: la UCR.
PROGRAMAS DE EQUIDAD
Según Jensen, la UCR desarrolla una serie de acciones que benefician a un grupo de jóvenes con miras a propiciar una mayor equidad en el acceso a la educación superior y a la vez favorecer su permanencia en la institución hasta que culminen sus metas académicas.
Entre estas acciones está la implementación de la admisión diferida, que son los estudiantes que no fueron aceptados en la fase ordinaria del concurso a carrera y que provienen de centros educativos en los cuales un 15% o menos del estudiantado que efectuó la Prueba de Aptitud Académica (PAA) resultó admitido.
