Banco Central quiere gastar ¢930 mills. sin objeción
Editorial
Hasta el cansancio, así es el discurso del gobierno para convencer a los costarricenses de pagar más impuestos, ante lo que ellos han denominado una “emergencia fiscal”.
El partido de turno en el poder pretende aprobar este año a como dé lugar un paquete tributario con el cual la mayor parte del país está en completo desacuerdo.
Esa opción no es por puro berrinche, sino porque la plata que hasta ahora se recauda no se ve en obras y hay cientos de deudores que se ríen en la cara del Ministerio de Hacienda, evadiendo sus responsabilidades.
Se nos ha dicho desde que arrancó esta idea que no hay plan B y que la tabla de salvación de Tiquicia es sí o sí aumentar los impuestos de cuanto exista, hasta dejar fondeadas a las arcas del Estado.
Entiéndase por Estado todas esas entidades centralizadas y descentralizadas que poco hacen por reducir gastos superficiales, pero al cabo suman miles de millones de colones.
Se ha conversado sobre la quiebra casi que inminente de Costa Rica, sobre las calificaciones de los organismos internacionales y las sanciones que vendrían de cara a una economía debilitada y un sistema fiscal que da bocanadas. Pero también se ha dicho hasta la saciedad que acá hay que meter tijera a lo que muchos aseguran son privilegios de despacho, por el puesto, la investidura, el cargo, los años de trabajo, la antigüedad, primero en tiempo primero en derechos y bla, bla, bla.
Pero hay quienes definitivamente no le hacen honor al discurso del gobierno que pregona austeridad, que siempre recalca el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Menos aún al de don Helio Fallas, ministro de Hacienda, para referirse a los cambios que implementan para reducir gastos y pedir más.
Para muestra un botón, la junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya dio el visto bueno al gasto, porque no es otra cosa, de ¢930 millones de colones, y en dólares $1.700.000 para iniciar un plan de modernización, reestructuración o reorganización institucional de carácter administrativo.
En palabras sencillas, se van a gastar ese dineral para poner orden en la casa pues ya les dijeron que sobran departamentos, gente y que se duplican las funciones, pero además que el ambiente de la entidad es deplorable.
Para lograr descifrar como se arregla eso, las y los señores que se sientan en la “mesa ovalada” se van a dar el gusto de usar ese dineral pero quieren evadir todos los controles, principalmente de la Contraloría General de la República (CGR) y de los diputados, como lo menciona la misma junta directiva de esa entidad.
Y para colmo de males, y esto porque tenemos las pruebas de lo conversado en la sesión 5720-2016, esas personas que se supone deben velar con honorabilidad y honestidad del buen funcionamiento de la entidad, pero primero por el país, tratan de hacer las cosas sin mucha “bulla” (textual del acta de sesión) y sin levantar mucho espaviento para que no les caigan encima por semejante aberración en el país de la crisis fiscal.
Qué triste ver cómo en esas reuniones, que además paga el pueblo, se fraguan gastos de más de un millón de dólares como si se tratara de cualquier menudo, para “modernizar, organizar o reestructurar” el Banco Central, en vez de estar planificando y organizando cómo hacer para que la economía de este país sea más justa y equitativa.
Es deplorable leer cómo desde el ministro de Hacienda, el gerente y presidente del Banco Central, los más connotados economistas, planean usar fondos públicos jugándose el chance de quitarse de encima a los fiscalizadores. Y como dicen en sus reuniones, si fuera necesario se reformarán reglamentos internos del banco con tal de no requerir modificaciones legislativas.
Cuidado con esas manifestaciones, pues nunca deben olvidar que ustedes son funcionarios públicos, que deben trabajar, para, por y con el pueblo y además les pagan con fondos de todos, como para querer salirse con la suya en el uso de ¢930 millones.
