La organización internacional Reporteros Sin Fronteras publicó su informe “Libertad de Prensa en el Mundo 2016”, en el que ubicó a Costa Rica en el puesto 6 del ranking mundial, calificándolo con una buena situación, pese a los reiterados fallos de la Sala Constitucional a favor de la libertad de información y los intentos promovidos por algunos sectores políticos para limitar la libertad de prensa.
En la calificación otorgada al país se indica que “...Costa Rica, el país mejor calificado de América Latina en libertad de expresión y derechos humanos, constituye una excepción en una región corroída por la corrupción y la inseguridad...”.
El primer lugar lo ocupa Finlandia, seguida por los Países Bajos y Noruega. En el cuarto puesto está Dinamarca, en el quinto Nueva Zelanda y en el sexto nuestro país. Completan la lista de los primeros 10 Suiza, Suecia, Irlanda y Jamaica, respectivamente.
En el ranking de 2015 Costa Rica estaba en el puesto 16. Aunque ni siquiera fue mencionado en el informe de ese año.
Reporteros Sin Fronteras es una organización fundada en 1995 en Francia.
De acuerdo con su página en Internet, trabaja en dos polos específicos, “...una oficina especializada en la censura en Internet y en los nuevos medios de comunicación, y un polo dedicado a la asistencia de periodistas que trabajan en zonas difíciles (ayuda material, financiera y psicológica)...”.
FALLOS EN LIBERTAD
DE INFORMACIÓN
Sin embargo y pese al sitio dado a Costa Rica por la organización internacional, en los últimos años la Sala Constitucional ha emitido diferentes fallos a la libertad de información que se contraponen a la “buena situación” que Reporteros Sin Fronteras atribuye al país.
En el informe presentado por Costa Rica ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2015 por Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, se exponen los casos en que se tuvo que acudir a la Sala Cuarta en busca de la libertad de información.
Casos como la solicitud de información sobre la sobrepoblación carcelaria contra el Ministerio de Justicia a favor del periódico La Nación. El fallo contra el acuerdo 38-2014 de la cúpula legislativa, del 10 de diciembre de 2014, en el cual se indicaba que toda solicitud de información solo se podía tramitar por la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.
Además los magistrados constitucionales solicitaron en febrero del año pasado que el presupuesto nacional se debía discutir en un lugar donde se permitiera el acceso a la prensa. El periodista José Rodolfo Ibarra interpuso el recurso contra el presidente de la Asamblea, en ese momento Henry Mora, y el diputado Ottón Solís, quien les habría solicitado a él y otros reporteros que salieran precisamente de la discusión del presupuesto.
A estos casos se debe agregar el fallo contra la Casa Presidencial, en el cual la Sala ordenó entregar las listas de las personas que habían ingresado a solicitud del diputado liberacionista Rolando González.
Además en el Informe 2016, presentado por la gerente general del Grupo Extra ante la SIP, también se indica que existe una preocupación ante “...el borrador de un proyecto de ley que la administración piensa presentar a la Asamblea Legislativa. El proyecto es un caballo de Troya, ataviado con el supuesto ánimo de adoptar parámetros internacionales.
El proyecto de ley crea procedimientos, regulaciones y excepciones inexistentes a la fecha, como las 'políticas económicas del Estado antes de su emisión' y la 'prevención, investigación y persecución de delitos'. También carece de sanciones significativas para el caso de incumplimiento y abre puertas a interpretaciones antojadizas sobre la publicidad de determinadas informaciones.
Sin embargo, el peligro más grave es el riesgo de rechazo de los recursos de amparo en la Sala Constitucional porque, aprobada una ley específica, los reclamos de acceso a la información podrían ser considerados asuntos de legalidad, no de constitucionalidad, y pasarían a la jurisdicción contencioso administrativa, imposible de navegar sin asesoría de un abogado, repleta de formalidades y acostumbrada a resolver los casos en años...”, se indicó en el documento.
LESIONAN SOLIDEZ
Rolando González, diputado de Liberación Nacional, comentó que la libertad de prensa se ha deteriorado en Costa Rica en la medida que el gobierno ha sido reacio y necio en materia de acceso a la información pública.
“Además que jerarcas del gobierno han incurrido en acciones amenazantes contra integrantes y medios de la prensa nacional. Aunque Costa Rica sigue siendo cúspide en libertad de prensa, este gobierno ha lesionado su solidez”, comentó.
Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, indicó que la libertad de expresión es un valuarte importante del Estado democrático y lamentó que en otros países, regímenes autoritarios, la han lesionado.
Explicó que en Costa Rica en algún momento han lesionado esa libertad y aseguró que esas prácticas tienen que ser erradicadas, sobre todo porque se deben respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa.
PELIGROSO ESPIONAJE A DIARIO EXTRA
Reporteros Sin Fronteras reconoció en su informe “Libertad de Prensa en el Mundo 2016” el peligro que significó para la libertad de prensa el espionaje que sufrió DIARIO EXTRA por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el documento señalan que “...se han registrado algunas prácticas negativas contra medios de comunicación, como el espionaje que sufrió el Diario Extra en 2014 por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)...”.
El viernes 21 de marzo de 2014 la Sala Constitucional en resolución 2014-4035 declaró ilegal el espionaje del que fue víctima Manuel Estrada, periodista de este medio, y antepuso derechos como la libertad de expresión, derecho a informar a la población y derecho a informar.
En forma unánime los magistrados votaron a favor de DIARIO EXTRA al declarar ilegal la intromisión de la policía judicial en la intimidad de Estrada, en medio de una investigación penal en la que no tenía relación alguna.
“Llegamos a la conclusión de que el rastreo que se hace de este teléfono es desproporcionado, no es razonable ni necesario para esa investigación. Hay una violación al derecho a la intimidad que cubre a cualquier persona”, manifestó Gilbert Armijo, exmagistrado que en aquel momento era presidente de la Sala Cuarta, a los medios de comunicación.
