Las cerca de 2 mil denuncias que se reciben por año en Costa Rica por delitos relacionados con el ambiente, motivaron al Poder Ejecutivo, junto con el Poder Judicial, a la creación de una comisión nacional de seguridad ambiental, con la cual pretenden crear una policía ambiental.
El convenio en el que participan Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía; Gustavo Mata, titular de Seguridad Pública; Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y el presidente Luis Guillermo Solís, permitiría que las instituciones puedan juzgar a los involucrados en esos delitos de una forma más rápida.
Adicional a ello, el convenio firmado permitiría la protección de la biodiversidad y castigaría de manera más severa los delitos contra la naturaleza. El documento tiene una validez por tres años, con posibilidad de ser extendido.
“El crimen organizado no es solo narcotráfico, esta ceremonia constata la necesidad de que el Estado mire a otras manifestaciones de crimen organizado, menos perversas en algunos casos y más dañinas que el narcotráfico, estamos ante delitos que como es el caso de los ambientales, trascienden mucho el daño pequeño, que es serio y tiene vínculos muy notorios con redes internacionales”, señaló el presidente Solís.
Destacó que lo que firmaron podría ser “letra muerta”, destacando que se necesitan de los recursos y una política fiscal para dotar de los recursos y que "la falta de recursos atenta contra la buena voluntad", pero celebró la “armonía interinstitucional” en beneficio de la gente.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia destacó la unión de las instituciones para coordinar acciones, invertir recursos y establecer estrategias para hacerlas efectivas y que el tema ambiental se ha convertido en un negocio, por lo que deben tomarlo en cuenta.
“Es necesario que el Estado supere esa etapa donde se creía que los recursos eran inagotables, entonces como consecuencia de eso, los delitos ambientales no eran importantes, este acto representa la decisión del Estado de consolidar una estructura para decir que es importante y que se debe trabajar para eso”, apuntó Villanueva.
Además destacó que en promedio de las denuncias que atienden en la Fiscalía especializada, el 65% constituyen infracciones a la ley forestal, 18% a la de conservación de vida silvestre, el 12% a la de pesca y 5% otras.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, señaló ayer que desde hace ocho meses trabajan en una propuesta para la creación de una policía ambiental, pero que el tema de los recursos económicos, los ha frenado. “Como dijo el Presidente, sin cacao no hay chocolate, lo que hace falta es la plata, estamos esperando que se apruebe el presupuesto de sociedades anónimas, que posteriormente le dé al Ministerio de Seguridad Pública el presupuesto para seguir trabajando en esa línea, con el beneplácito de Hacienda”, señaló Mata.
La policía ambiental se dedicaría “única y exclusivamente” a la atención y cuido del ambiente en Costa Rica, para lo que se abrirían plazas y capacitarían a los oficiales.
De momento no existe una fecha o un estimado de cuándo podría comenzar funciones esa nueva unidad de la Fuerza Pública.
