Como si los viajes gratis y chocolates para los clientes este 14 de febrero fueran poco, la multinacional Uber, con un valor de mercado de $60 mil millones, anunció que recibió una inyección de $200 millones (¢112, mil millones) a su capital.
Un excéntrico magnate ruso anunció la inversión que hará por medio de la empresa Grupo Inversor LetterOne (L1).
Esta compañía rusa se especializa en conocimientos de mercados emergentes, como el de Costa Rica, para la multinacional y la intención de la inversión es acceder a más ciudades y terminar de consolidarse en los mercados donde aún se tiene problemas legales para funcionar.
"El conocimiento de los mercados emergentes que tiene L1 será crucial para acceder a más ciudades y abrir más posibilidades para usuarios y conductores", dijo el jefe ejecutivo de Uber en los Estados Unidos, Travis Kalanick.
UBER LEGAL E ILEGAL
Tras la reunión del jueves anterior entre el gobierno y representantes de transportistas del país, la posición es clara en lo que respecta a la ilegalidad de Uber, tal como lo manifestó Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia: “Por nuestra parte hemos venido analizando las diferentes legislaciones que pudieran aplicarse en este caso y tenemos nuestras opiniones, pero en el campo jurídico siempre es de esperar que alguien lo vea con una perspectiva diferente”.
Los representantes del gremio de taxistas como Gilbert Ureña y Silvia Bolaños, de la Cámara Nacional de Transportes, están satisfechos con la solicitud que el Consejo de Transporte Público (CTP) giró a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para que valore la legalidad del servicio que brinda Uber en el país.
En este punto y ante una fiscalización de la Aresep es conveniente rescatar las declaraciones del gerente de la multinacional Uber en el país, Humberto Pacheco, quien a finales del año anterior dijo: “Estamos creando una comunidad de autoabastecimiento para necesidades de movilidad y nos encontramos antecedentes en Costa Rica como comunidades de autoabastecimiento en electricidad, agua y ahora Uber trae esta para temas de movilidad”.
Tomando en cuenta la figura legal con que la empresa pretende legalizar su servicio en el país y que la Aresep legisla la actividad de las Asadas y generadores de electricidad, esta se rige por una iniciativa denominada “convenio de delegación”, que es como una concesión de gestión de servicio público, por la cual podría pretender Uber que se le autorice como concesionario privado para brindar el servicio regulado por la Aresep.
Al respecto la Procuraduría General de la República ha establecido lo siguiente: “...Estamos así ante una clara figura de concesión de gestión de servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que la institución del Estado debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público”.
El abogado constitucionalista Ewald Acuña al respecto expresó: “Es uno de los casos en que la Internet está quebrando los sistemas tradicionales de legislar en el país. Me parece que Uber no es un servicio de transporte público propiamente, sí que es un tema de negocios que ocurre bajo el amparo de la Internet y por esto no se le pueden aplicar las legislaciones del transporte público que rigen en el país”.
INSTITUCIONES DEL ESTADO
¿Cuáles instituciones avalan y cuáles no a la multinacional? El CTP elevó una petición a la Aresep para que se pronuncie y dé un panorama claro sobre la legalidad del servicio, pero ya diversas entidades de gobierno han emitido su criterio.
La Procuraduría General de la República aseguró que la Ley 8955 establece que ningún particular puede brindar servicio de transporte remunerado.
El CTP ha indicado que Uber opera ilegalmente, igual criterio tienen el gobierno y el MOPT. En contraposición tenemos al ICE, que avaló el funcionamiento y divulgación de la aplicación que permite a los usuarios acceder a la plataforma, y el Ministerio de Hacienda en lo que respecta al pago de impuestos, aunque no se tiene claro qué tipo de tributos pagaría esta sociedad de responsabilidad limitada.
ARESEP MANDA
Las autoridades de Aresep aún esperan conocer los detalles de la solicitud del CTP, pero en lo que respecta a su labor, esta se resume en establecer diversos delitos por el incumplimiento de principios y requisitos, como por ejemplo uso fraudulento de bienes y servicios públicos para evadir el pago regulado, prestación no autorizada del servicio público, incumplimiento de las condiciones del contrato, la concesión o el permiso, el cobro de precios superiores a los establecidos, discriminación contra un usuario o grupo de usuarios del servicio público y no cumplir con la normativa de protección ambiental, entre otras.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Sábado 13 Febrero, 2016
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA