Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley impulsado por el legislador Mario Redondo, el cual prohibiría a propietarios de casas de interés social, alquilarlas o venderlas.
“Lo que se busca es hacer justicia con los recursos para vivienda, un porcentaje de aproximadamente entre un 5% y 10% de la gente que se le da una vivienda de interés social la alquila, trata de venderla o la dedica a otros fines, eso primero es injusto con los costarricenses, pero sobre todo es injusto con otras familias que necesitan vivienda”, acotó Redondo. De convertirse en ley de la República, incluso los vecinos que sospechen de esta situación irregular podrán denunciarlo a entidades autorizadas.
“Las entidades como la Mucap, Mutual, cooperativas tendrán un mecanismo más ágil de determinación, dentro de 10 años se podrá hacer un proceso abreviado de cobro”, explicó Redondo.
Así las cosas, si se determina por ejemplo el mal uso de un bono de vivienda por ¢17 millones, al dueño se le cobrará ese monto más los interés, y si no paga se rematará la propiedad para regalársela a otra familia.