La Sala II determinó que una empresa de transportes deberá pagar a una mujer que la denunció el monto de ¢4 millones.
La demanda laboral fue presentada ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Cañas, contra la empresa para la cual laboraba. La actora solicitó la cancelación de los extremos laborales de diferencias de salario mínimo legal, reajuste de aguinaldo, preaviso, cesantía, intereses sobre las sumas adeudadas hasta su efectivo pago, horas extras, así como daños y perjuicios por el despido y el acoso laboral sufrido tras denunciar que era objeto de acoso sexual.
“…se infiere que la intención de la parte demandada era evadir la situación de acoso denunciada por la gestionante de este proceso, configurándose así la conducta abusiva y de mala fe que da pie a los daños y perjuicios de conformidad con el artículo 82 del Código de Trabajo. Por las razones dichas, no resultaba pertinente un análisis de los elementos constitutivos de un acoso sexual según demandan los recurrentes, pues el despido injustificado por sí mismo da pie para la aplicación de la norma”, puntualizó el fallo de casación laboral.
La demanda fue declarada con lugar en Guanacaste, no obstante, fue apelada por los demandados y luego se elevó el caso a Sala II.
“…Se tuvo por demostrado, en las instancias inferiores, que lo que operó en la especie fue un cese injustificado en razón de que no se demostró causal justa de despido –la misma no fue ni siquiera alegada durante el proceso, pues erróneamente consideró la parte demandada, que a los seis meses de labores cumplidas por la colaboradora, esta aún se encontraba en período de prueba-.”, señaló la resolución, número 2015-000064.
