La Caja Costarricense del Seguro Social gastó ¢1.094 millones en cuatro puestos cuyos funcionarios fueron separados en medio de investigaciones, según denunció el Sindicato Nacional Administradores de Servicios del Seguro Social (Sinassass).
Mediante el oficio Nº Sinassass-0383-10-2015, fechado 21 de octubre del 2015 y recibido en las oficinas Centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 22 de octubre del 2015, el sindicato le indica a la junta directiva de la CCSS, su preocupación por los elevados costos institucionales que le significan a la entidad las separaciones de puestos de decenas de funcionarios.
Según el comunicado “la junta directiva de Sinassass ha venido analizando el impacto, tanto humano como económico, que está generando para los compañeros y para las arcas institucionales las separaciones de puestos que se dictan en contra de algunos funcionarios”.
Sinassass básicamente reclama que las medidas cautelares que se aplican en funcionarios como la separación de sus puestos, no son razonables y proporcionales, especialmente por el tiempo que duran los procesos en muchos de los casos. Algunas de las medidas se prorrogan “por tiempos excesivos, que no solo rayan en la ilegalidad, sino en abusivas”.
Para el secretario general de Sinassass, Hernán Serrano, las mismas en muchos casos han provocado hasta intentos de suicidio en los funcionarios, por tal razón el sindicato tuvo que intervenir hasta con una psicóloga clínica.
DAÑO ECONÓMICO
Pero si el daño psicológico no es suficiente, que de por sí no está contemplado sobre las acusaciones, el monto económico que pierde la CCSS si se puede cuantificar.
Serrano explicó que en Sinassass, tomaron tan solo 4 ejemplos de casos en los que el Seguro ha invertido la suma de ¢547 millones en medidas cautelares separando a los funcionarios de sus puestos.
Pero además debe sustituirlos por otra persona que ocupe el lugar dejado, debiendo desembolsar doble salario, pues al funcionario separado no se le puede dejar de pagar el rubro salarial y al que lo llega a sustituir deben pagarle lo mismo, por lo que los montos se duplican.
Es decir los ¢547 millones se convierten en ¢1.094 millones, mismos que debemos desembolsar, usted señor y señora lectora y todos los cotizantes para el régimen de Salud.
“Les estamos diciendo a la junta directiva de la CCSS, que revise el tema, pues además se está haciendo una clara violación a los derechos de los compañeros administradores que están aquí en procesos de investigación por procesos muy largos, nos preocupa que se estén utilizando recursos en la sustitución de ellos en plazos muy largos”.
El secretario general indicó que ya la junta directiva de la CCSS pidió a todas las gerencias se le haga un listado de todas las personas que afrontan estos procesos, pues son decenas y estos ¢1.094 millones se convertirían en miles de millones más.
CASOS NI SE INVESTIGAN
El problema radica en que estos procesos ni siquiera se culminan, pues por ejemplo el director administrativo financiero del Hospital Dr. Calderón Guardia, Marco Segura, estuvo separado de su cargo por 16 meses, por la Gerencia Médica de la CCSS y tuvieron que pagarle ¢70 millones, mismos que también recibió su sustituto y que al final se convierten en ¢140 millones.
Lo peor del caso anterior, es que la Gerencia Médica mandó a archivar el caso de Segura, pues no encontró nada en su contra, a lo que la CCSS ahora se ve expuesta a que el Administrador pueda demandar a la entidad por daño, psicológico, moral y material, al no comprobársele nada.
Pero el caso de Segura no es el único, también está el de Abilio Gutiérrez Arguedas, director administrativo financiero del Hospital Dr. Max Peralta, que igual fue separado hace 40 meses por la Gerencia Médica y cuyo salario hasta hoy se le han girado ¢160 millones, duplíquelo, pues su sustituto gana lo mismo lo que equivale a ¢320 millones (ver historia aparte).
Estos dos señores al igual que el Dr. Cambronero Hernández, director general del Hospital Max Peralta, separado hace 40 meses y devengando a hoy ¢233 millones o el de Rosales Canales, director administrativo financiero del Hospital de La Anexión, con 24 meses separado y cuyo cobro alcanza los ¢84 millones, incluyendo que este último ya se pensionó, son tan solo 4 de los casos que pagamos los ticos y que la Gerencia Médica no ha podido aterrizar, pero cuyos dineros salen sin mayor control de la CCSS.
Ahora bien, como se dijo, si se toma en cuenta que todos los montos se duplican a efectos de la sustitución, en tan solo estos 4 casos y los costos superan los mil millones de colones, “solo en salarios”, imagínense el monto de todas las separaciones a nivel nacional de la CCSS, evidentemente los montos son exorbitantes.
Cabe señalar que incluso así como los casos de Segura que se archivaron, o el de Rosales que se pensionó, hay hasta personas fallecidas que como el de la directora administrativa del Hospital de Guápiles, Lorna Campbell, nunca se les pudo comprobar delito alguno.
Así las cosas y con tanta necesidad manifiesta en la CCSS, ¿cuántos proyectos de equipamiento o mejora de infraestructura se podrían hacer con esos dineros?, pero parece ser que a las autoridades de la Caja no les importa.
DIARIO EXTRA quiso conocer la posición de la CCSS y nos indicaron que este jueves hubo reunión de junta directiva y no se podía, el viernes todos salían de gira y el lunes por la mañana se ven temas como este y quizás para la tarde nos tengan una respuesta al respecto.
TIENE 40 MESES Y CASO NO SE RESUELVE
Abilio Gutiérrez Arguedas, director administrativo financiero del Hospital Max Peralta, fue separado de su cargo por medidas cautelares desde hace 40 meses, lo peor del caso es que se le siguen prorrogando por parte de la Gerencia Médica de la Caja, sin que hasta ahora se le haya encontrado alguna causa por su falta.
Ahora la medida fue extendida hasta febrero del 2016, lo cual significa para muchos, un abuso del sistema, un despilfarro de recursos, pues también sigue siendo sustituido, lo cual implican ¢160 millones para su reemplazo y la suma sigue subiendo.
Lo anterior además de un despilfarro de recursos es también una clara violación a sus derechos como trabajador, pues lleva 3 años y medio, en esta zozobra sin que se concluya su debido proceso. Lo peor del caso es que la intervención y la recolección de prueba en el Hospital Max Peralta terminaron hace mucho y sin embargo sin tener una presunta justificación técnica y legal se le mantiene separado de su cargo en una hacinada oficina en la Regional Sur de San José, donde conversó con el Diario de Más Venta en Costa Rica.
Don Abilio, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que lo separaron?
-Me separaron en junio del 2012, a la fecha la última prórroga se me vence en el 2016.
¿Por qué lo separaron?
-Por un informe de auditoría que nunca se me comentó, por presuntas irregularidades en el servicio de anestesia con el manejo de sala de operaciones en cosas que tienen que ver con la estancia de pacientes, quirófanos, permisos en el personal de sala de operaciones y en la parte que me compete de infraestructura, sin perder de vista que las salas en cuestión fueron construidas en 1910 y se cerraron porque un lavatorio tenía una gota y esa gota podía poner en riesgo la salud de los pacientes, porque no controlé los permisos de los anestesistas, las listas de espera, cosa que no compete a la administración por ser parte técnica y esto aún debe ser ratificado por la misma gerente médica.
¿Cómo han sido estos 3 años y medio?
-Han sido muy tortuosos (silencio y llora), porque te señalan, porque lo que se dice es mala administración, mala gestión presupuestaria, entonces la gente te tilda de que algo te robaste, de que estás haciendo las cosas por debajo, la gente te ve extraño. Yo tengo 39 años de trabajar en la institución y vea lo que me hacen cuando nunca he pasado por algo similar, pues mi honor ha sido intachable.
¿Cómo califica el hecho de que hay otra persona que lo sustituye, gana igual salario que usted, pero a usted no se le restituyen?
-Esto al igual que mi compañero, el Dr. Cambronero que era el director del hospital, lo sentimos como una persecución o algo político, que había que acomodar a alguien en un puesto. Esto se llevó a la Contraloría de la Ética por un tráfico de influencias, un mal manejo, casualmente quien ostenta hoy el cargo de director administrativo del Hospital Max Peralta, es el esposo de la que fue asistente de la expresidenta ejecutiva de la CCSS, doña Ileana Balmaceda, entonces hallaron muy bonito, hubo presuntamente algún compromiso para colocarlo a él en el hospital, hoy en día a eso obedece la prórroga de mis medidas cautelares por cuanto en mayo del 2014 la junta directiva dio por recibido conforme el informe que emitió el equipo interventor donde se deja en manos de la gerencia médica el manejo de los separados.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Lunes 30 Noviembre, 2015
HORA: 12:00 AM
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