El Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia...
Eugenio Jiménez H* / [email protected]
La conmemoración del día internacional contra la violencia dirigida a las mujeres vuelve sin que se experimenten cambios perceptibles en esa nefasta conducta masculina en nuestro país. En el primer semestre del 2015 abundaron titulares noticiosos que señalan si no un retroceso, al menos un estancamiento en el combate a la violencia de género. Un panorama realmente desolador, en el 2014 se registraron 22 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas masculinas.
En el año 2011 se asesinaron 42 mujeres. En el 2015, 11 casos, lo que prevé que los femicidios no disminuirán en relación al año pasado. Durante el 2015, cada hora la policía ha detenido a un agresor. Todos los años 45.000 mujeres se ven obligadas a pedir medidas de protección ante la agresión de sus parejas masculinas.
El combate de la violencia de género demanda profundas transformaciones culturales orientadas a la remoción de los patrones que la producen. Esto es tarea de toda la institucionalidad costarricense y debe ser dirigido a todos los sectores generacionales habitantes en nuestro país. Urge que alguno de los tres poderes republicanos se coloque a la cabeza convocando al resto de las fuerzas institucionales alrededor de una agenda mínima, que impulse sobre todo una nueva visión y nuevos métodos de abordaje.
Esa agenda mínima podría construirse alrededor del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar: Ley 8688 –Dic. 2008, iniciando por dotar de reglamento a ese cuerpo normativo, el que a la fecha lleva 7 años sin reglarse, lo que impide que su Comisión Técnica y su Comisión de Seguimiento puedan dar vida a un sistema que está compuesto por 25 instituciones, entre ellas 8 ministerios, 8 autónomas, las 4 universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial. Cuenta con la representación de la Red Nacional de Redes locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y organizaciones no gubernamentales.
No obstante semejante aparato estatal no cuenta hoy tan siquiera con un diagnóstico básico del estado de situación de esa violencia en nuestro país. ¿Qué se ha hecho durante los 7 años de existencia de dicho sistema? ¿Un problema de voluntad política? Se requiere de políticas públicas coherentes, centralizadas y unificadas, vinculantes en el orden sectorial, bajo una tutela administrativa correcta y conforme a la Ley General de la Administración Pública, transversalizada desde un bien entendido Plan Nacional de Desarrollo y, por lo tanto dotada de un régimen de responsabilidades y sanciones claramente definidas, con fines, objetivos, planes, metas y evaluación por resultados.
La política pública en contra de la violencia de género aún no se ha construido bajo esos parámetros, lo que coadyuva sin duda alguna al crecimiento sostenido de ese flagelo social.
El Sistema Nacional, constituye un vigoroso instrumento, el que sin lugar a dudas resulta suficiente para dar inicio a la promulgación de las políticas públicas requeridas y con ello, menos lamentos discursivos y un avance perceptible hacia la erradicación definitiva de la violencia cometida en contra de las mujeres, la niñez, la adolescencia, la discapacidad y la adultez mayor, según lo expresado en su artículo 2 objetivos del sistema.
* Abogado
